La Fiscalía y Voces contra el Terrorismo solicitan la confirmación de la penas de cárcel para los cinco condenados
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Las defensas del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y de los otro cuatro condenados por tratar de reconstruir la ilegal Batasuna a través del denominado proyecto "Bateragune" han solicitado este miércoles en el Tribunal Supremo la absolución e "inmediata puesta en libertad" de sus patrocinados al entender que la Audiencia Nacional no valoró que todos ellos se situaron "en los márgenes e incluso en contra" de los intereses de ETA , tal y como lo han demostrado hechos posteriores, en alusión, aunque sin citarlo directamente, al fin de la actividad terrorista.
Durante la vista pública celebrada hoy ante la Sala de lo Penal de alto tribunal, tanto la representante de la Fiscalía, Yllana Navía, como de la acusación popular, en representación de Voces contra el Terrorismo, han solicitado el mantenimiento de las penas por integración en organización terrorista, que en el caso de Otegi y ex secretario general de LAB, Rafael Díaz Usabiaga, fue de 10 años de cárcel.
La intervención de la fiscal se ha limitado a unos pocos minutos, en los que ha mostrado su desacuerdo con las sospechas de imparcialidad respecto a la magistrado Ángela Murillo y con los argumentos de las defensas para concluir que existió prueba suficiente para las condenas.
El abogado de la acusación popular, Juan Carlos Rodríguez Segura, ha defendido que la sentencia de la Audiencia Nacional cuenta con la mínima actividad probatoria que exige la jurisprudencia y además está suficientemente justificada, aunque los argumentos no puedan gustar a las defensas.
Ha añadido, respecto de la valoración del fin de ETA aludido por el abogado Iñigo Iruin, que "ya hemos visto como han terminado otras treguas" de la banda, y que tras ellas, "ha habido atentados " si no se cumplían sus pretensiones.
La abogada de Otegi, la ex parlamentaria de Batasuna Ione Goiricelaia, aludió a la falta de imparcialidad de Ángela Murillo, una de las magistradas que juzgó los hechos y que ya fue cuestionado por esta Sala al obligar a la Audiencia Nacional a repetir un juicio contra Otegi por el enaltecimiento al preso de ETA Sagarduy.
También ha planteado, en contraposición a los argumentos de la Sala condenatoria, que si no condenar las actividades de ETA no es suficiente para ilegalizar un partido político, mucho menos lo es para justificar una condena penal
LA SALA YA DELIBERA
El tribunal se ha reunido a deliberar instantes después de concluir la vista, han informado fuentes del alto tribunal. Está conformado por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra y los magistrados José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo, Alberto Jorge Barreiro y Miguel Colmenero --que será el ponente de la resolución-- . En caso de producirse un fallo absolutorio, este deberá comunicarse de inmediato, pues supondría la puesta en libertad de todos ellos, que se encuentran en prisión.
Además de los dos citados, fueron condenados a 8 años de cárcel Miren Zabaleta, la extesorera del PCTV Sonia Jacinto y el exresponsable de Haika en Alava Arkaitz Rodríguez. Por otro lado, la Audiencia Nacional absolvió José Luis Moreno, Amaia Esnal y José Manuel Serra, a los que la Fiscalía había retirado la acusación tras entender que a lo largo de la vista oral no se había podido demostrar su relación con el proyecto.
En su sentencia, el tribunal que integraban Teresa Palacios, Ángela Murillo y Juan Francisco y Martel consideró acreditado que las cinco personas finalmente condenadas formaban parte de un grupo escogido dentro de las filas de la izquierda abertzale que "en plena connivencia y siguiendo las superiores directrices de ETA, en la que se hallaban integrados, diseñaban una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas".
La vista ante el Supremo, que se ha prolongado algo más de dos horas y media, ha contado con la asistencia de víctimas del terrorismo como la madre de Irene Villa, María Jesús González, y el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz. Han acudido también representantes de la izquierda abertzale como el diputado Amaiur Jon Iñarritu.
A LA LUZ DEL FIN DE ETA
El abogado de Díaz Usabiaga, y Arkaitz Rodríguez, Iñigo Iruin, ha pedido a los cinco magistrados que conforman la Sala casacional que analice los hechos que justificaron la condena "respecto a los que ha ocurrido con posterioridad", en alusión, aunque sin citarla expresamente, a la declaración de fin definitivo de actividades por pate de ETA.
A su juicio, "lo que ocurrió después" puede explicar el comportamiento de los condenados entre marzo y octubre de 2009 ya que, "más que someterse a las directrices de ETA, estaban situándose a los margenes de la misma, cuando no en contra de ella".
Estima asimismo que la Audiencia Nacional realizó una aplicación indebida del Código Penal cuando condenó al sindicalista en calidad de dirigente. Con este análisis ha coincidido Goiricelaia, para apuntar, respecto de Otegi, que no es posible condenar a alguien por seguir unas directrices y afirmar al mismo tiempo que es dirigente.
Iruin ha basado su argumentación en el poco peso que, a su juicio, tienen los cinco indicios apuntados por la Audiencia Nacional para condenar a cinco de los detenidos en la operación contra 'Bateragune' y ha apuntado varios contraindicios. El más contundente es la existencia, en la izquierda abertzale, de un enconado debate que concluyó con la elección de la vía política en contraposición con la lucha armada preconizada por ETA.
Además, y respecto de Díaz Usabiaga, ha apuntado la existencia de unas cartas que el sindicalista envió a unos amigos presos en los que no oculta su pensamiento crítico respecto de la estategia político militar. "En las cartas a un amigo, uno en sincero", ha dicho Iruin.
FALTA DE IMPARCIALIDAD DE MURILLO
Por su parte, la letrada Goiricelaia ha basado su intervención en acusar de falta de imparcialidad a la presidenta del tribunal que juzgó los hechos, Ángela Murillo, cuya conducta en otro juicio a Otegi, por su participación en el homenaje al que fuera preso más antiguo de ETA, José María Sagarduy, costó la anulación del proceso y la repetición del juicio. "Si eso se hacía en relación con un delito de enaltecimiento, mucho más claro tiene que ser con delito de integración terrorista", ha señalado la abogada de Otegi.
Goiricelaia ha señalado que Murillo no actúa parcialmente y también ha puesto como ejemplo la pregunta que esta magistrada realizó durante el juicio a otra de las condenadas, Miren Xabaleta, a quien preguntó si consideraba que un tiro en la nuca a los inocentes era violencia política. También ha apuntado que a Murillo, a micrófono abierto, se le escapó el calificativo "cabrones" durante el juicio contra Javier García Gaztelu "Txapote" y otros acusados de asesinar al concejal de UPN en Leiza (Navarra) José Javier Múgica.
En este sentido, y de no aceptarse la absolución de los condenados, la abogada ha solicitado de forma subsidiaria que se retrotraigan las actuaciones para que todos ellos vuelvan a ser juzgados por un tribunal imparcial.
Finalmente, el abogado Kepa Landa, en defensa de Miren Zabaleta y Sonia Jacinto, se ha adherido a los argumentos de sus compañeros y ha insistido en la asusencia de "razonamiento lógico" en la sentencia de la Audiencia Nacional.
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