Alfonso de Salas, editor de elEconomista, y el director, Amador G. Ayora, interpusieron ayer ante el Servicio de Inspección del Consejo General de Poder Judicial una denuncia por presunto trato de favor en beneficio de Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el proceso de citación por la demanda de rectificación presentada por este último al diario elEconomista. El editorial: Cuando la Justicia es rápida para algunos.
La denuncia solicita que se investigue si se han respetado los tiempos habituales para las citaciones para este tipo de procesos o por el contrario, es costumbre que se materialice el acto con la urgencia llevada en esta ocasión, que se realizó en un limitadísimo espacio de tiempo.
La denuncia, que solicita una indagación en el mundo de la procuraduría, los abogados independientes y los usuarios sobre los tiempos procesales en el Juzgado 69 de Primera Instancia de Madrid, va dirigida contra la magistrada María Asunción Remírez Sáinz de Murieta, titular de citado Juzgado de Primera Instancia, y contra la secretaria judicial.
La razón de esta denuncia se fundamenta en que la advertencia formulada a primera hora de la mañana por el director de Comunicación del CGAE, el día 8 de marzo, a Xavier Gil Pecharromán, director de la revista jurídica digital Iuris & Lex, que edita elEconomista, se redactó ese mismo día en el Juzgado.
La extrañeza de directivos y miembros de la Redacción se centra en la coincidencia temporal entre las advertencias y las conminaciones efectuadas por el director de Comunicación del CGAE y la redacción del auto que cita a la vista del juicio para el próximo 28 de marzo.
También se solicita que, si tras dichas averiguaciones se percibiese un trato discriminatorio a favor de Carnicer y del CGAE, se informe de tales hechos irregulares a los denunciantes, sin perjuicio de las medidas que se deban adoptar para restablecer la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Unos plazos muy cortos
Los hechos que han motivado esta actuación se iniciaron el pasado 16 de febrero de 2012, cuando elEconomista publicó una nota de opinión en pleno ejercicio de los derechos constitucionales dimanantes del artículo 20 de la Constitución y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en sentencia 160/2003 dice que "el derecho a la libertad de expresión comprende la crítica a la conducta del otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática".
La nota fue considerada por Carlos Carnicer como atentatoria a sus derechos, por lo que solicitó la rectificación de elEconomista que, al tratarse de una nota de opinión, no se avino, pues el derecho de rectificación no alcanza a la opinión. El día 8 de marzo, el director de Comunicación del CGAE llamó por teléfono a Xavier Gil Pecharromán para conminarle a que rectificase el diario y le pidiesen perdón por las críticas los directivos del mismo o interpondrían una demanda en los juzgados.
Carnicer, en su propio nombre y en el del CGAE, interpuso una demanda de rectificación contra Alfonso de Salas y Amador G. Ayora, alegando que se trata de una información en lugar de una opinión, a pesar de publicarse en las páginas de Opinión de elEconomista.
De tal forma, Carnicer argumenta en su demanda jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho de rectificación en el caso de informaciones (STC de 22 de diciembre de 1986).
Sorpresa generalizada
La demanda, al parecer, correspondió al Juzgado 69 de Primera Instancia de Madrid. Los responsables de elEconomista desconocen si las normas de reparto fueron atendidas en la demanda contra los denunciantes, tras la interposición por tan significado operador jurídico, como es el presidente del CGAE.
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