La Delegación y la Comunidad se coordinan contra las ocupaciones en inmuebles públicos

Madrid, 16 mar (EFE).- La Delegación del Gobierno y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio articularán un nuevo mecanismo de coordinación para que la "actuación temprana" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado evite que toda "irrupción" en un inmueble público se convierta en una ocupación a largo plazo.

La ocupación ilegal de viviendas públicas, los desahucios por impago de alquiler al IVIMA y los vertidos han sido los asuntos que han tratado las responsables de ambas instituciones, Cristina Cifuentes y Ana Isabel Mariño, en una reunión que han tildado de "fructífera".

Mariño ha subrayado que las ocupaciones de viviendas públicas son "actos ilícitos de asalto y ocupación de patrimonio público" que llevan a cabo "profesionales organizados" que tienen esta actividad como "un negocio".

Los perjudicados son, en términos generales, los ciudadanos, y de un modo particular los legalmente adjudicatarios de esas viviendas.

Ante esta situación, la titular de Ordenación del Territorio ha pedido a Cifuentes que, dentro del marco normativo y legal, "actúe con contundencia" para intentar que los daños causados en estos inmuebles sean "perseguidos".

Sobre este particular, la delegada del Gobierno ha avanzado que estudiará una posible modificación del Código Penal para que a los causantes de daños patrimoniales de bienes públicos se les pueda exigir algún tipo de responsabilidad "legal o patrimonial".

Respecto a los desahucios de viviendas del IVIMA por impago continuado -"incluso durante años"- de alquiler, la consejera ha subrayado que la Comunidad sólo propone esta medida cuando la situación es "insostenible".

Antes de provocar el desalojo, ha explicado, "damos todas las oportunidades posibles", desde medidas de reducción de rentas o compromisos de pago, pero lo que "no se puede tolerar", ha sentenciado Mariño, es que "morosos, que además producen perjuicios importantes en el bien público, vivan a costa de los demás".

En este sentido, la delegada del Gobierno se ha comprometido a elaborar un amplio informe jurídico para conocer los mecanismos legales que agilicen los procedimiento judiciales sobre viviendas ocupadas y desalojos.

Se trata, ha insistido, de ayudar a las administraciones públicas a preservar el patrimonio público y salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

En materia de medioambiente, Mariño ha solicitado el apoyo de la Delegación del Gobierno contra los vertidos ilegales y los robos que se vienen produciendo en las zonas agrícolas, cuyos productos se venden en mercadillos.

Cifuentes se ha comprometido a incrementar "de manera importante" el control y la inspección de los transportes de residuos por carretera o cualquier otra vía, y a diseñar una campaña conjunta de gestores ilegales de aceites vegetales.