Madrid, 15 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Madrid, Toledo, Cuenca y Badajoz a 55 vigilantes de seguridad que consiguieron su acreditación tras comprar títulos falsos para ahorrarse el proceso de formación preceptivo, y que a partir de ahí desempeñaron su trabajo fielmente, sin entrañar riesgos.
Estas 55 detenciones se han practicado en la tercera fase de la denominada 'operación Anaconda', en la que han sido arrestadas un total de 170 personas que elaboraban, comerciaban o adquirían falsos títulos que acreditaban que habían superado un curso oficial, de 200 horas de duración, para poder ejercer como vigilante de seguridad.
Ese diploma es requerido por la Policía Nacional para poder hacer las pruebas que acreditan definitivamente como vigilante de seguridad y obtener la Tarjeta de Identificación Personal correspondiente.
La estafa la inició el exempleado de una empresa de formación tras ser despedido, que aprovechó sus conocimientos para falsificar diplomas y tejer una red de intermediarios que los ofrecían a posibles interesados que por entre 600 y 1.200 euros conseguían el documento sin realizar el curso, según ha detallado el comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Esteban Gándara Trueba.
Los 55 arrestados trabajaban en una treintena de empresas, algunas de ellas encargadas de la seguridad en lugares "sensibles" como canteras de explosivos, obras del AVE e incluso en la central nuclear de Zorita de los Canes (Guadalajara).
Cinco de los arrestados ejercían como vigilantes de seguridad de explosivos y cuatro eran escoltas privados, aunque "en ningún momento se ha corrido el más mínimo peligro en esos puestos" ni "el más mínimo desvío o disfunción", ha asegurado el comisario, que ha incidido en que el único afán de los detenidos era "acceder al mercado laboral de forma inmediata".
Los ahora arrestados no tenían acceso directo a material explosivo o nuclear, sino que realizaban labores de control de accesos o de videovigilancia.
El responsable policial ha añadido que en España el control de la fabricación, venta y uso de explosivos es muy exhaustivo, ya que es supervisado por las propias empresas del sector, por las empresas de seguridad contratadas por éstas y por la Guardia Civil.
Por eso los delitos que se imputan a los 55 arrestados son falsificación de documentos y un posible delito de intrusismo profesional.
A los detenidos se les ha retirado la acreditación correspondiente y a los que tenían licencia de armas -nueve- también se les ha retirado.
El comisario ha subrayado que las empresas de seguridad privada en las que trabajaban los detenidos eran totalmente ajenas al fraude y han colaborado plenamente con la policía para esclarecer los hechos.
Ha destacado que el sector de la seguridad privada, en el que trabajan actualmente unas 125.000 personas, "es un sector muy sano" e incidentes como los descubiertos ahora "con absolutamente excepcionales".
Además de los 55 arrestados hay otras cinco personas que han sido imputadas por los mismos delitos, que no han llegado a ser arrestadas porque su participación en los hechos no ha quedado plenamente probada.
De los 55 detenidos, 27 lo han sido en Madrid, 12 en Badajoz, 11 en Don Benito (Badajoz), 4 en Toledo y uno en Cuenca.
La mayoría de los arrestados eran hombres y sólo uno de ellos tiene antecedentes por un presunto delito de homicidio cometido en el ámbito de su vida privada, por el que permanece en prisión a la espera de juicio.