Sostiene que todas las actuaciones deben ser consideradas nulas por la irregularidad de las escuchas autorizadas por el exjuez
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La defensa del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso 'Gürtel', ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que archive la causa que se sigue contra él en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a 11 años de inhabilitación al exmagistrado Baltasar Garzón por autorizar las escuchas en prisión de los líderes de la trama con sus abogados.
Así lo han indicado fuentes jurídicas que han explicado que el abogado de Ulibarri, Ignacio Peláez, ha presentado un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que reclama la nulidad de todas las actuaciones que obran en la causa contra su cliente debido a la ilegalidad de las escuchas autorizadas por Garzón. Se trata de la primera petición en este sentido que ha recibido el nuevo instructor del procedimiento.
La sentencia del Supremo, dictada el pasado 9 de febrero, estableció que la decisión del juez instructor de intervenir las conversaciones en la cárcel fue "injusta" porque "laminó" de forma "arbitraria y sustancial" el derecho de defensa de los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable". Con esta decisión, según el alto tribunal, Garzón colocó todo el proceso penal español "a la altura de regímenes totalitarios".
A partir de este argumento la defensa de Ulibarri rechaza en su escrito, del que el juez Ruz ya ha dado traslado a la Fiscalía, que las fiscales Concha Sabadell y Miryam Segura se encargaran de expurgar las conversaciones y añade que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) nunca debió solicitar una medida de tal gravedad sin solicitarlo por escrito.
SOLICITUD A PEDREIRA
Peláez, autor de la querella inicial que dio origen a la causa de las escuchas de la Gürtel que llevó a Garzón a ser condenado por un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales, ya solicitó de forma infructuosa la nulidad de las actuaciones contra su cliente al instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira.
En este procedimiento se investigan las actividades de una red de empresas que se habrían beneficiado de las concesiones de varias administraciones gobernadas por el PP en Madrid, Valencia y otras comunidades. En la actualidad el único imputado que permanece en prisión es el presunto líder de la trama, Francisco Correa, al que Ruz impuso el 27 de enero pasado una fianza de un millón de euros.
Su lugarteniente, el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo abandonó el pasado 1 de febrero la prisión madrileña de Soto del Real (Madrid) tras depositar, a través de tres transferencias, los 100.000 euros de fianza que se le habían impuesto.
