
Sevilla, 8 mar (EFE).- El exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero ha destacado hoy las numerosas "indicaciones" que recibió de José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, en las ayudas que investiga la juez Mercedes Alaya, que según ha dicho solo conocían los más próximos a la Administración.
Guerrero ha comparecido hoy, en sesiones de mañana y tarde y por segundo día, ante la juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE irregulares y otras ayudas de la Junta, ante la que ha dicho que al tratarse de fondos "discrecionales" y "sin publicidad" solo eran conocidos por "los mas próximos a la Junta.
"Al ser discrecionales y sin publicidad, era lógico que solo se enteraran las personas de su entorno, de la Consejería de Empleo, de la Junta o de las organizaciones sindicales", han dicho a los periodistas los abogados presentes durante un receso.
Las ayudas se daban de manera discrecional "pero no arbitraria", ha insistido el imputado, y sin orden reguladora, en un criterio que partió del exconsejero de Empleo Viera, pero fue continuado por sus sucesores.
Se trató de un "criterio político" que "todo el mundo conocía y nadie puso reparos", según las fuentes.
Ha afirmado Guerrero que él mismo elaboró órdenes para que "todo el mundo conociera las ayudas", pero no pasaron el "consejillo" de viceconsejeros que encabezaba el entonces consejero de Presidencia Gaspar Zarrías.
Al centrarse el interrogatorio de hoy en las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, Guerrero ha dirigido sus criticas a Viera, de quien ha dicho que le dio numerosas "indicaciones" a petición de alcaldes de la zona e incluso una ayuda que recibió el restaurante "Posada del Moro" respondía a un "compromiso directo" del exconsejero, dado que comía allí los fines de semana.
También ha definido como una "imposición de Viera" las ayudas al grupo de los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago, pese a que a él mismo le parecían "excesivas y sin explicación razonable en un tiempo tan concentrado" de los años 2003 y 2004.
Otros pagos derivados de "compromisos de Viera con los alcaldes" fueron los gastos que abonó durante varios años la Junta por la Feria de Gastronomía de la Sierra Norte durante varios años y los 30.000 euros que se concedieron al Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) pese al informe contrario de los servicios jurídicos de la Junta.
Los pagos, además, se fraccionaban "para que fuese Viera el único que tenía que firmar, como presidente del Consejo Rector" del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).
Guerrero ha implicado también a Antonio Fernández, consejero de Empleo entre el 2004 y el 2010, que se comprometió a dar tres millones de euros a empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.
Al igual que el primer día, el principal imputado por los ERE ha seguido declarando con tranquilidad y haciendo gala de buen humor, como cuando ha afirmado que no sabía que su exchófer Juan Francisco Trujillo había imitado la firma de su madre en una ayuda fraudulenta, y ha precisado que si llega a saberlo "salen Trujillo y la póliza volando por la ventana".
Guerrero ha reiterado su línea de que la "discrecionalidad" y "criterio muy amplio" con que se concedían las ayudas era conocido por los sucesivos consejeros y viceconsejeros de Empleo y ha precisado que "supone que lo hablarían con el Gobierno andaluz".
El ex director general también ha reconocido que algunas de las ayudas "podían ser una maniobra para limpiar la empresa de trabajadores y luego venderla" como ocurrió con Cervezas Alhambra o Yogures de Andalucía.
Sobre las ayudas a la empresa Aglomerados Morell, ha dicho gráficamente que se trataba de "desvestir a un santo para vestir a otro" pues se subvencionó el traslado de las instalaciones a Villanueva del Río y Minas (Sevilla) por "motivos electoralistas" de la alcaldesa, María José Cervantes (PSOE).
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