HRW exige a Egipto que retire los cargos contra 43 trabajadores de ONG

El Cairo, 8 mar (EFE).- Human Rights Watch (HRW) exigió hoy a las autoridades egipcias que retiren los cargos contra 43 trabajadores de organizaciones no gubernamentales, varios de ellos extranjeros, cuyo juicio fue pospuesto hoy hasta el próximo 10 de abril.

En un comunicado, la asociación pro derechos humanos reclamó que el Parlamento egipcio acelere los trámites para elaborar una nueva ley que regule la actividad de las ONG y que sustituya la "restrictiva" legislación vigente durante el mandato del presidente Hosni Mubarak (1981-2011).

"Los jueces egipcios protegieron en el pasado a grupos no gubernamentales y descartaron cargos politizados contra disidentes", señaló el director de HRW para Oriente Medio y Norte de África, Joe Stork.

En total, 43 trabajadores (19 de ellos estadounidenses) han sido acusados de crear y gestionar organizaciones internacionales sin el permiso gubernamental y de recibir fondos del extranjero ilegales para llevar a cabo actividades políticas.

Para Stork, hay que acabar con este caso "politizado", que ha generado una gran polémica, sobre todo después de que se levantara el veto para abandonar el país a los 27 extranjeros acusados, lo que ha llevado al Parlamento a convocar al Gobierno del primer ministro egipcio, Kamal Ganzuri, para pedir explicaciones ante lo que considera una "sumisión".

Hoy, el Tribunal Penal del Sur de El Cairo retomó el juicio después de que se retiraran del proceso los jueces que componían la corte que comenzó a examinar el caso a finales de febrero.

Tras unos minutos, el tribunal suspendió la vista por las disputas entre los abogados, aunque poco después se reanudó, según la televisión estatal egipcia, que informó de que al final la sesión ha sido aplazada al próximo 10 de abril para dar tiempo a la defensa a que revise los documentos del caso.

En la sesión de hoy, en la que comparecieron 14 procesados egipcios y un estadounidense, uno de los abogados de la acusación pidió que se describa la causa como espionaje porque los imputados "causaron un daño a la seguridad nacional de Egipto".

Este cambio de denominación podría implicar, en caso de que los acusados fueran declarados culpables, fuertes condenas de cárcel e incluso la pena de muerte.

Por su parte, los letrados de la defensa rechazaron esta posibilidad, lo que desembocó en fuertes discusiones con la acusación.