ACAI responde a Gallardón que un acto grave de violencia es impedir un aborto

Madrid, 7 mar (EFE).- La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha recordado hoy al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que "obligar a continuar con un embarazo no deseado es un acto de violencia tan grave como tratar de impedir que una mujer continúe con una gestación buscada y deseada".

Las clínicas han respondido así a las declaraciones de Ruiz-Gallardón en el Congreso, donde ha esgrimido que "muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras".

Para ACAI, "son las leyes de aborto penalistas y restrictivas, las que obligan a las mujeres a abortar en condiciones inseguras y clandestinas".

Los profesionales de los centros acreditados recuerdan al titular de Justicia que "una mujer que desea interrumpir su embarazo lo hará en cualquier circunstancia" y sostienen que las únicas iniciativas que frenan la tasa de aborto provocado son la educación sexual, el acceso real a la contracepción y las estrategias preventivas dirigidas a los colectivos más vulnerables.

"Medidas que, a la vista de sus políticas, no está dispuesto a promover el Ejecutivo popular", ha denunciado la asociación, quien considera sorprendente que el PP no quiera ahora esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su propio recurso.

También las Juventudes Socialistas de España (JSE) se han sumado a la crítica, al llamar "hipócrita al PP por utilizar la excusa de liberar a la mujer para volver a penalizar el aborto".

Esta organización considera que con el cambio de esta normativa se busca "contentar al sector ultraconservador del PP que quiere imponer sus valores morales al resto de la sociedad".

Tampoco está satisfecha con las declaraciones del ministro la organización provida Derecho a Vivir, porque "Gallardón no entra en materia, aunque anuncia buenos principios de protección de la maternidad".

La plataforma lamenta que aun queda sin aclarar cuál es la apuesta del Gobierno respecto a los "coladeros ilegales" que se han sucedido en la legislación española sobre el aborto, tales como la salud psicológica de la madre a la que se acogen la mayoría de las mujeres para interrumpir su gestación.