La Autoridad Europea de Supervisión (Esma en sus siglas en inglés) ha emitido un total de cinco situaciones adversas que justificarán que los reguladores nacionales prohíban las ventas en corto o requieran más información a los vendedores.
Estos cinco criterios se incluyen en su proyecto sobre normas técnicas que complementará el Reglamento del Consejo y del Parlamento europeos sobre la Venta a corto y ciertos aspectos de las permutas de cobertura por impago (credit default swaps), que entrará en vigor el 1 de noviembre.
Las venta en corto es una estrategia de inversión que consiste en apostar a que el precio de una acción va a bajar y cuyo objetivo fundamental es el sector financiero.
Así, deberán intervenir los supervisores ante rumores infundados sobre una rebaja de calificación crediticia o de posibilidad de un impago que afecte a un Estado miembro o a una institución de importancia para el sistema, que pueda producir incertidumbre acerca de su solvencia.
También, deberá producirse la intervención cuando se presente una situación de inestabilidad financiera o incertidumbre en relación con un Estado miembro de la UE o a una institución de importancia para el sistema que opere en el territorio comunitario y que pueda amenazar el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados o la estabilidad del sistema financiero de la UE.
En tercer lugar, se considerará circunstancia adversa la existencia de fuertes presiones de venta y volatilidad inusual que cause espirales a la baja en cualquier instrumento financiero relacionado con emisores soberanos y con entidades de importancia para el sistema.
Además, lo será cualquier daño relevante en las estructuras físicas de importancia para el sistema, mercados, sistemas de liquidación o supervisores que pueda afectar a los mercados y, en especial, si son fruto de desastres naturales o de ataques terroristas.
Y, finalmente, la Esma incluye cualquier interrupción relevante en los sistemas de pago o procesos de liquidación que puedan causar importantes fallos o retrasos.
En la actualidad estas normas técnicas se encuentran en fase de consulta pública, que concluirá el próximo día 9 de marzo.
La UE prohíbe cortos contra deuda pública
