"Las Administraciones competentes en materia de Justicia deben plantearse la reducción de los costes de la justicia gratuita, incluso mediante la reforma del sistema y la creación de un cuerpo de funcionarios de abogados de oficio", reclama el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (Coseju).
En el informe del I Foro para una Justicia de Calidad, el Coseju se muestra partidario de que los costes deben tenerse en cuenta tanto en la gestión de la Administración de Justicia como en la tramitación de los procesos.
"No es económico admitir un juicio verbal en reclamación de treinta euros, como no es razonable admitir una prueba pericial cuyo coste es superior al importe de lo reclamado, o no es económicamente admisible la intervención de profesionales públicos y privados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados sociales, peritos u otros profesionales para controversias de escasa o ínfima cuantía económica", señala el informe elaborado.
Por ello, plantean que se limiten, especialmente en el ámbito Civil, determinados medios de prueba "por antieconómicos"; la remisión obligatoria de diversos conflictos a soluciones extrajudiciales; la constitución de depósitos para la interposición de recursos, o la indemnización de los daños y perjuicios causados.
También, sugieren la exigencia de tasas judiciales, incluso para las personas físicas con altos ingresos económicos; la regulación de los conceptos de gastos y costas procesales en función de las capacidades económicas; y la reforma de los principios de la condena en costas.
Jurisdicción voluntaria
El Coseju considera que es urgente contar no sólo con nuevas leyes de Enjuiciamiento Criminal y de Mediación (la primera en sus primeros pasos de elaboración y la segunda aprobada por el Consejo de Ministros del viernes), sino que también urge una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Los secretarios judiciales consideran que esta última normativa debería atribuirles, junto a notarios y registradores, el conocimiento de estos asuntos no contenciosos, en régimen de cotitularidad y competencia, pero también garantizando su prestación como servicio público y gratuito.
Con respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reivindican la atribución al fiscal de la Instrucción del proceso penal, o gran parte de las diligencias de investigación, y que conserve el juez el papel de garante de los derechos fundamentales .
En el caso de la Ley de Mediación reivindican que unifique la dispersa regulación a nivel autonómico, y en la que ha de desempeñar un papel fundamental el secretario judicial.
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