Mexico votaba este martes una reforma judicial desechando a último momento un controversial punto para autorizar allanamientos policiales sin autorización judicial, tras una fuerte presión de la izquierda parlamentaria y organizaciones de derechos humanos.
"Hubiéramos consagrado la inquisición en México" de haberse aprobado ese punto de la reforma judicial, dijo en el recinto el diputado izquierdista Javier González Garza.
Su colega, Felipe Borrego Estrada, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN, derecha), fue quien propuso suprimir el párrafo del proyecto impulsado por el gobierno, que permitía a la policía allanar domicilios sin autorización judicial al inicio del debate sobre la reforma judicial.
Días antes de que la norma fuera retirada a poco de iniciarse este martes el debate, José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), había calificado la iniciativa de "atroz".
"Ahora cualquier policía va a entrar a un domicilio y va a decir porque tengo facultades constitucionales, esto perdóneme pero es una atrocidad", había denunciado Soberanes, sumándose a las fuertes críticas que finalmente obligaron a retirar ese punto.
"La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas", establecía el punto suprimido.
Otro punto en polémica es que la iniciativa eleva a rango constitucional la detención preventiva.
Esos dos puntos fueron criticados por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, durante su visita a México a principios de este mes.
"Crean un subsistema de excepción para las personas acusadas de pertencer a la delincuencia organizada", consideró Arbour.
Entre las organizaciones que se opusieron globalmente a la reforma está la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) porque entre otras cosas "reduce peligrosamente los requisitos para librar una orden de aprehensión".
El establecimiento de juicios orales también figura en la propuesta de ley, que se traduciría en el cambio más importante al sistema de procuración y administración de justicia y de seguridad de México en las últimas décadas.
Intervenir comunicaciones y girar órdenes de aprehensión para detener a cualquier persona casi sin pruebas en su contra, son otros de los puntos que se incluyen en la propuesta de ley, han denunciado organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo algunos académicos, Alvaro Vizcaíno, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), consideran positiva la reforma porque por otro lado "eleva a rango constitucional la presunción de inocencia, la justicia alternativa, restringe la prisión preventiva, y permite despresurizar el trabajo de ministerios públicos y jueces".
"En México un juicio penal se resuelve en promedio en 263 días, mientras que en Francia, el 95% de los asuntos penales se resuelve antes de 36 horas", ejemplificó.
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