El acusado de amenazar a Jiménez Becerril reprocha que se le aplicara la ley antiterrorista

Madrid, 24 feb (EFE).- El acusado de amenazar a la eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril a través de Internet en 2010, Joseba Andoni Ullibarri, ha lamentado la "desproporción" entre los hechos de los que se le acusa y la manera en que se le detuvo, cuando se le aplicó la ley antiterrorista.

"Me gustaría hablarle de la desproporción entre los hechos y la manera en que se produjo la detención. Me parece una exageración que se nos aplicase la ley antiterrorista, que se nos mantuviera encapuchados (...) Yo creo que si hubiese estado un día más detenido, hubiera venido con una declaración autoinculpatoria", ha dicho Ullibarri en su turno de última palabra.

En el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por el envío de mensajes amenazantes a través de Internet en 2010 a la eurodiputada del PP, Ullibarri ha añadido: "si tuviese la certeza de que alguien desde nuestra casa y abusando de nuestra confianza hubiese hecho esto, podría aceptar la responsabilidad. Pero en ningún caso puedo aceptar la responsabilidad de algo que no he hecho".

Las críticas han provocado el enfado del presidente de la sala, el juez Alfonso Guevara, que ha recordado al acusado que en el turno de última palabra "no se permite acusar a la Policía de torturas, ni decir a este tribunal lo que desea o no".

Durante la vista oral, Jiménez Becerril ha asegurado que en el momento en que recibió las amenazas se encontraba en el Parlamento europeo acompañada de su hija y de dos asistentes, y que fueron las personas responsables de la seguridad de los parlamentarios los que calificaron las mismas como "graves".

"Tuve miedo. Me temblaron las piernas, me sentí inquieta. Ya llueve sobre mojado, pues en mi casa eso ya está a flor de piel", así lo ha reconocido Jiménez Becerril, hermana del concejal del PP en Sevilla asesinado por ETA junto a su esposa en 1998.

Por su parte, el fiscal Miguel Ángel Carballo, en su informe de conclusiones finales, ha elevado a definitiva la petición pena de un año y medio para Ullibarri, a quien acusa de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, hechos por los que además solicita la prohibición de acercarse a Jiménez Becerril o a su familia durante cinco años.

Según el Ministerio Público, que ha calificado el mensaje de "despreciable", no hay duda de que el acusado tenía una sensibilidad especial con miembros de ETA ya condenados, y ha añadido que, a pesar de no ser una prueba de cargo "definitiva", sí que puede sugerir la biografía del acusado que ayer reconoció haber pertenecido a Jarrai.

El fiscal además ha afirmado que, aunque el mensaje no quede publicado, eso no quiere decir que el mensaje no se haya mandado, como según él ha quedado acreditado en la prueba documental presentada ante la sala.

Así, ha insistido en que todo obedece a una "lógica total", ya que Ullibarri, tras ver una noticia del diario ABC en el que la perjudicada, Jiménez Becerril mostraba su opinión en contra de que se otorguen permisos penitenciarios a etarras para someterse a técnicas de fertilización asistida.

Por ello, ha considerado que "la hipótesis de la duda a favor del reo se presenta como circense más allá del principio in dubio pro reo", y ha destacado que "la idoneidad injuriosa y de escarnio del contenido del mensaje rellena absolutamente el contenido del delito".

"Dentro de la cobardía del acto, el acusado no se atrevió ni siquiera a hacer una amenaza sino que manifestó el deseo de que actuaran otros", ha concluido Carballo.

Por su parte la acusación particular ha solicitado que se le imponga la pena de dos años dado la gravedad de las amenazas, mientras que la abogada de la defensa ha afirmado que no existe prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia de su defendido, motivo por los que solicita la libre absolución de Ulibarri.