El Parlamento italiano aprueba un plan para reducir la superpoblación carcelaria

Roma, 14 feb (EFE).- El Parlamento italiano ratificó hoy el llamado decreto ley "vacía-cárceles" aprobado en Consejo de Ministros por el Gobierno de Mario Monti el pasado diciembre, con el que se pretende aliviar la superpoblación de los centros penitenciarios del país.

Por 385 votos a favor, 105 en contra y 26 abstenciones, el Ejecutivo tecnócrata consiguió sacar adelante el decreto en la votación definitiva en la Cámara de los Diputados (baja), con el rechazo, una vez más, de la Liga Norte y de Italia de los Valores (IDV), y esta vez de algunos parlamentarios del Pueblo de la Libertad (PDL) del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

Entre las medidas que contiene el texto, una de las que ha generado más polémica ha sido la que permite que los presos puedan descontar los últimos 18 meses de su pena en arresto domiciliario, frente a los 12 previstos hasta ahora, siempre que el juez lo considere adecuado y hayan superado las pruebas de buena conducta.

Esta disposición permitirá que cerca de 3.300 reos que actualmente cumplen condena abandonen la cárcel y con ella el Ejecutivo espera un ahorro de 350.000 euros diarios en unas prisiones que cuentan con 67.000 internos, frente a las 45.000 plazas de las que disponen.

Otra medida polémica es la que prevé el cierre de los seis hospitales psiquiátricos judiciales que existen en el país antes del 31 de marzo de 2013, estructuras que fueron objeto de denuncia por parte de varias organizaciones que señalaron las "condiciones inhumanas en las que vivían los internos".

Todas las regiones italianas deberán crear en el plazo previsto nuevas instalaciones que cumplan con los requisitos mínimos para ser estructuras residenciales psiquiátricas.

Asimismo, el decreto ley contempla que aquellos detenidos "in fraganti" por delitos menores no entren en la cárcel a la espera de una decisión judicial, sino que se disponga su arresto domiciliario o sean retenidos en los calabozos de las comisarías, al tiempo que se recorta el plazo para que un juez confirme la validez de una detención, que pasa de 96 a 48 horas.

De este modo, se pretende reducir el número de personas que entran en la cárcel por pocos días, pero cuya estancia supone un importante peso para las arcas del Estado.

Durante su comparecencia en el pleno de la Cámara baja, el líder de IDV, el exmagistrado Antonio di Pietro, se mostró contrario al decreto ley porque, según él, no resuelve nada "en el plano de la sustancia" y propicia el fenómeno de los prófugos de la Justicia del Estado.

Por su parte, Nicola Molteni, de la Liga Norte, calificó la medida de "vergonzosa" y la definió como un "indulto enmascarado, un regalo gratuito a gente que ha cometido delitos que apuñala por la espalda a las víctimas de los delitos".