El Parlamento Europeo comienza el próximo lunes el debate, que se espera que culmine con su aprobación el 1 de marzo, del Reglamento sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo, destinado a simplificar la normativa de sucesiones de dimensión internacional en la UE, independientemente de donde esté situado el ciudadano.
Esta normativa permitirá al testador ocuparse con más seguridad de su sucesión. Tendrá la posibilidad de elegir la legislación que regirá la transmisión del conjunto de sus bienes y el lugar de residencia habitual determinará la autoridad competente y la legislación aplicable por defecto, pero permitiendo al mismo tiempo al testador que así lo desee elegir que su sucesión se rija por la legislación del país del que sea nacional.
Las 450.000 sucesiones internacionales abiertas cada año en la UE suponen un patrimonio estimado en más de 120.000 millones de euros. Sin embargo, las normas aplicables a estas sucesiones varían considerablemente entre los Estados. De ello se deriva una gran inseguridad jurídica, fuente de problemas para los herederos cuando heredan un bien en otro Estado y también para quienes desean organizar su sucesión con antelación.
El proyecto de Reglamento reconoce que el objetivo de la propuesta busca incrementar la seguridad jurídica, ofrecer más flexibilidad en la elección de la ley aplicable y garantizar los derechos de los herederos, legatarios y otras personas, como son, por ejemplo, los acreedores. Además, la normativa introduce la creación de un Certificado Sucesorio Europeo que permitirá a cualquier heredero o administrador de herencia demostrar fácilmente su calidad en toda la UE y permitirá hacer valer sin otros trámites el estatuto de heredero o administrador de herencia.
Información en toda Europa
En el Pleno también se abordará la Directiva que modifica las actuales Directivas sobre la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades, sin fecha de aprobación todavía.
Con ella, se trata de incrementar la confianza en el Mercado Único Europeo mediante la garantía de un entorno empresarial más seguro; favorecer la competitividad de las empresas europeas mediante la reducción de las cargas administrativas; y acrecentar la eficacia de la Administración Pública a través de la cooperación entre los Registros Mercantiles de Europa en los procedimientos de fusión transfronteriza y traslado de domicilio social, y la actualización del registro de sucursales extranjeras, cuando los mecanismos de cooperación sean limitados o inexistentes.