El juez del caso del accidente de la A7 en Almuñécar (Granada), que se enjuicia en Motril, ha decidido apartar del procedimiento al que fuera jefe de Demarcación de Carreteras, Juan Martín Enciso, cuya acusación solo ejercía el sindicato CC.OO., tal y como había solicitado su letrado al inicio del juicio.
MOTRIL (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)
El juez del caso del accidente de la A7 en Almuñécar (Granada), que se enjuicia en Motril, ha decidido apartar del procedimiento al que fuera jefe de Demarcación de Carreteras, Juan Martín Enciso, cuya acusación solo ejercía el sindicato CC.OO., tal y como había solicitado su letrado al inicio del juicio.
El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Motril ha aceptado este miércoles, en la primera sesión, decretar la nulidad parcial del auto de apertura oral en lo referente a este excargo de Fomento, mientras ha mantenido la validez del resto de actuaciones.
En la sala de vistas número 3 del Juzgado de lo Penal 1 de Motril, abarrotada y con una maqueta de la autocimbra siniestrada en el centro de la misma, la sesión había comenzado con la petición sobre Martín Enciso al entender que es una acusación popular no legitimada. Por su parte el abogado de otros cuatro acusados había solicitado la nulidad de las actuaciones al considerar que ha habido "falta de tutela judicial efectiva, una desigual y desequilibrada instrucción y acusaciones sorpresivas". Además, había afirmado que no ha tenido acceso a toda la documentación de la causa.
Una vez resueltas las cuestiones previas, la sesión ha continuado con la declaración de Pablo Jiménez, ingeniero director del proyecto del tramo La Herradura-Taramay.
El suceso que se enjuicia desde este miércoles se produjo el 7 de noviembre de 2005 en el viaducto de Río Verde de la A-7, en Almuñécar, y costó la vida a seis trabajadores, un siniestro por el que están imputadas un total de doce personas.
El elevado número de personas que intervendrán durante la vista oral (más de medio centenar de personas entre testigos y acusados) ha obligado a modificar la disposición de la sala para dar cabida a los abogados defensores y de las acusaciones populares, que ejercen los sindicatos CC.OO. y UGT.
El juicio se celebra más de seis años después de lo ocurrido y a dos años y medio de que se decretara la apertura de juicio oral por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar, que consideró que de la instrucción se desprendía la "existencia de indicios racionales de criminalidad" para imputar de manera provisional a los acusados, entre los que se encuentra Juan Francisco Martín Enciso, entonces jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, del Ministerio de Fomento, Pablo Jiménez, ingeniero director del proyecto de ejecución del tramo La Herradura Taramay, y Juan Mena Delfa, coordinador de seguridad del Ministerio de Fomento.
De hecho, las obras fueron promovidas por Fomento y adjudicadas a la UTE La Herradura, que suscribió con la empresa Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A. un contrato de ejecución de obras para la realización de los trabajos de los viaductos de hormigón en el tramo de autovía adjudicado y a su vez la empresa contratista subcontrató con la mercantil portuguesa Douro Montemuro diversas unidades de obra. Para la realización del viaducto Río Verde que se desplomó se hizo uso de una 'autocimbra' para la ejecución de los tableros que constituirán en su día las calzadas de la autovía. El fabricante de la 'autocimbra' es 'Puentes y Calzadas', líder del grupo empresarial al que pertenece Estructuras y Montajes.
Por ello, están imputados en la causa, además de los mencionados, el representante legal, el jefe de obra y la técnico de seguridad de la UTE La Herradura, J.M.F.T., J.A.S.C. y A.I.D.P.; el representante legal, el técnico en prevención de riesgos laborales, el jefe de obra, el encargado y el capataz de Estructuras y Montajes Prefabricados, C.S.S, J.L.R.H., E.C.T.M. J.M.O.C. y M.C.M.; y el representante legal de la empresa Puentes y Calzadas, J.M.L.M.
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