El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciaba ayer que apuesta por el copago judicial. Ahora se introducirán tasas judiciales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar abusos y mejorar el uso de los recursos disponibles, según explicaba el propio ministro. Sólo se reintegrará el dinero a los ciudadanos si a partir de esta segunda instancia judicial se les da la razón y estarán exentas de pago las personas que acrediten falta de recursos, así como la jurisdicción penal.
Se trata de una medida polémica que ha despertado diferentes reacciones, entre ellas las de las asociaciones de consumidores. Desde la OCU aseguran que se trata de una mala noticia porque encarecerá el acceso a la justicia para los ciudadanos, dificultando la defensa de sus derechos.
Los consumidores, descontentos
Una reciente encuesta de la OCU ponía en evidencia la pésima opinión de los consumidores sobre la justicia: un 78% de los encuestados por la OCU estaban insatisfechos. ¿Las razones?
- La lentitud de los procesos, (de 15 a 30 meses de duración dependiendo del procedimiento).
- La ineficacia, más de un tercio de los encuestados no obtuvo un resultado satisfactorio.
- Y, sobre todo, lo caro que resulta ir a los tribunales. El coste medio de un juicio es de 8.400 euros, con una gran variación dependiendo del procedimiento.
Pero si ya era cara, ahora lo será aún más, pues su coste puede aumentar tras instaurarse este nuevo copago judicial.
Una medida que perjudica al usuario de a pie
El encarecimiento del acceso a la justicia tendrá un efecto negativo para los consumidores, y supondrá una traba más para acudir a dirimir sus asuntos ante el juez.
De esta forma, las compañías con las que contrata y que no atiendan las reclamaciones adecuadamente podrán seguir impunemente con sus abusos, sabiendo que el consumidor rara vez va a ir a juicio por los trastornos, la lentitud y sobre todo el elevado coste de los procedimientos. Es de esperar que esas compañías se aprovechen del mal funcionamiento de la justicia para seguir incumpliendo sus compromisos con los consumidores.
Todos tenemos ejemplos en mente: empresas de suministros, entidades financieras o, por ejemplo, las compañías aéreas, con el pago de las compensaciones automáticas por cancelaciones y overbooking, en lugar de pagar directamente las compensaciones automáticas, no atienden las reclamaciones y no suelen pagar a menos que los lleves a juicio, pues saben que quien llega a ese extremo es una mínima parte de los usuarios afectados.
También será más difícil aún reclamar judicialmente contra la Administración en vía contenciosa por parte de los particulares, para defenderse de las decisiones incorrectas de las distintas administraciones, porque es necesario ir acompañado de abogado y procurador para cualquier reclamación, aunque sea una mera multa de tráfico, y donde el coste y plazo de resolución de los procesos es todavía mayor que en otros procedimientos.
Y para poner las cosas más cuesta arriba, ahora hay que contar con la posibilidad de la condena en costas al reclamante si desestiman su petición en procesos judiciales contra la Administración, introducida por la reciente reforma procesal, lo que desincentiva todavía más el acceso del ciudadano a los tribunales y, en la práctica, reduce sus posibilidades de defender sus derechos.
La OCU da alternativas
A juicio de la OCU, antes de optar por soluciones que encarecen y dificultan el acceso a la justicia de los ciudadanos, habría que fomentar unos sistemas extrajudiciales eficaces de resolución de conflictos, como el arbitraje, para así garantizar la protección de los consumidores. Mientras estos sistemas extrajudiciales sean voluntarios para las empresas, seguirán dirimiéndose en los juzgados asuntos que no tendrían por qué llegar allí, pues no queda más alternativa a quien quiera reclamar sus derechos frente a particulares, empresas o Administración. Y defenderlos será ahora más difícil.
Habrá que pagar por recurrir una sentencia
