Más de 140 organizaciones exigen el cierre de todos los CIE de España

Barcelona, 18 ene (EFE).- Un total de 148 organizaciones sociales, vecinales, políticas, jurídicas y sindicales de toda España han exigido hoy el cierre de los 9 Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en España por tratarse de lugares "opacos" donde se vulneran derechos fundamentales de las personas.

En una multitudinaria conferencia de prensa celebrada en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la jurista del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Cristina Fernández, ha calificado los CIE como "auténticos agujeros negros" de la Democracia y "espacios de impunidad" donde, con "opacidad", se vulneran "los principios democráticos y de derecho".

Entre los firmantes del manifiesto presentado hoy figuran las asociaciones Andalucía Acoge, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Asociación Pro derechos humanos de Andalucía, numerosas asociaciones de inmigrantes de varias comunidades autónomas, entidades cristianas, la Coordinadora de Barrios de Madrid, Papeles y Derechos para todo el Mundo, SOS Racismo y Médicos del Mundo.

Entre los partidos políticos que también han firmado el manifiesto están ICV, EUiA, CUP y Solidaritat Catalana per la Independència, además de los sindicatos CGT, las juventudes de UGT, la Coordinadora Obrera Sindical y USTEC-STES.

Las entidades denuncian que es ilegal privar de libertad a personas por el hecho de no tener su situación administrativa regularizada, que no es un delito sino una falta administrativa.

El abogado de la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos José Javier Ordóñez ha criticado que el Gobierno no informe del número de personas inmigradas que están internas en estos centros, creados para garantizar la expulsión a sus países de quienes están ingresados.

Ordóñez ha informado de que, según cálculos oficiosos de las ONG, en España cada año se internan a unas 16.000 personas en CIES, de las que sólo un 49 % son finalmente expulsados del país.

"El internamiento en un CIE no es pues una medida cautelar, sino una sanción, un castigo, y eso es una locura jurídica", ha dicho.

Cristina Fernández ha asegurado que en los CIES, al no disponer de un reglamento, se actúa de manera discrecional "son espacio de impunidad" donde, según ella, se cometen agresiones y vejaciones a menudo y "se expulsa a los testigos de estos actos si se presenta una denuncia".

Las organizaciones han revelado que en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, donde el pasado día 5 murió "en extrañas circunstancias" Idrissa Diallo, un joven guineano de 21 años, se han presentado otras dos denuncias desde comienzos del año por malos tratos a dos internos "agredidos y vejados".

También han denunciado que el director de este centro ha impedido la asistencia de abogados a uno de los testigos de la muerte de Diallo y, por ello, la presidenta de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, Lluïsa Domingo, ha solicitado que el colegio profesional presente una queja ante la Delegación del Gobierno y se solicite una entrevista con el responsable del CIE.

Para Domingo, el hecho de impedir el trabajo de los abogados en la asistencia a las personas internas "es un hecho muy grave".

El manifiesto por el cierre de los CIE exige que se investigue la muerte de este interno "por si pudo existir algún tipo de negligencia", que se proteja a los testigos del suceso y se les ponga inmediatamente en libertad para no ser deportados, que no se vuelva a impedir la entrada de ningún abogado ni a ninguna organización humanitaria a los CIE y que se nombren juzgados de control de estos centros de internamiento, como ya se ha hecho en Madrid y Valencia.

También han pedido que cesen las redadas policiales por criterios raciales en España.

El CIE de la Zona Franca tiene una capacidad para 226 internos, con un módulo para mujeres que no es utilizado, puesto que, según las asociaciones, las mujeres que son detenidas en Cataluña son trasladadas a Madrid durante el periodo máximo de estancia en estos centros, que es de 60 días, con lo se incrementa su castigo al separarlas de su entorno familiar y social.

Las entidades han convocado una concentración para el próximo viernes ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para entregar el manifiesto a la delegada gubernamental.