Bangkok, 9 ene (EFE).- El líder de la oposición malasia, Anwar Ibrahim, fue hoy absuelto de un supuesto delito de sodomía tras un juicio que duró dos años y que el acusado consideró una conspiración para apartarle de la política antes de las próximas elecciones.
Varios miles de seguidores de Anwar que se habían congregado en el recinto del Alto Tribunal de Kuala Lumpur estallaron en júbilo cuando el juez Mohamad Zabidin Diah sobreseyó el caso al desestimar por inconsistentes las pruebas de ADN presentadas por la fiscalía.
También la mujer y los cinco hijos del ex viceprimer ministro de 64 años se abrazaron alborozados al conocer el fallo, anunciado en una sala de vistas llena hasta los topes, informó el canal estatal de televisión.
Anwar, quien durante el proceso insistió en su inocencia y en que la acusación era una artimaña urdida las altas esferas del poder para minar su influencia y bloquear sus aspiraciones políticas, manifestó a la prensa que había recibido la justicia que merecía.
"Gracias a dios la justicia ha prevalecido", declaró a los medios de comunicación a su salida del edificio.
Poco después del final de la vista, el ministro de Información y portavoz del Ejecutivo malasio, Rais Yatin, señaló en un comunicado: "el fallo prueba que el Gobierno no influye en las decisiones de los jueces y que Malasia tiene un sistema judicial independiente".
En Malasia la sodomía está castigada por la legislación con penas de hasta 20 años de cárcel, aunque son raros los casos que acaban siendo juzgados por los tribunales de este país en el 60 por ciento de sus 29 millones de habitantes profesan la religión musulmana.
Al mismo tiempo que los partidarios de Anwar celebraban fuera del edificio el fallo como una victoria de la oposición se produjeron en el aparcamiento contiguo tres explosiones de artefactos de poca potencia en las que cinco personas resultaron heridas leves, indicó a la prensa el portavoz de la Policía Nacional Ramli Mohamed Yusuf.
A primeras horas de la mañana, la Policía desplegó varios cientos de agentes en las principales calles de la capital malasia y en el perímetro del recinto que alberga el Alto Tribunal.
El veredicto, que de haber sido de culpabilidad habría supuesto para Anwar su segundo encarcelamiento y una nueva inhabilitación para ocupar cargos públicos, pronunció cuando el Gobierno del primer ministro, Najib Razak, sopesa adelantar a este año las elecciones legislativas que por ley deben celebrarse antes de marzo de 2013.
Anwar en un mensaje colgado en una red social tras el fallo judicial señaló que con este quedan reivindicados los esfuerzos de la oposición destinados a pugnar en los próximos comicios como una fuerza política solida y una seria alternativa de poder.
"En las elecciones que vienen, la voz del pueblo se oirá y este Gobierno corrupto caerá del pedestal del poder", advirtió.
Anwar fue detenido en julio de 2008, cuatro meses después de las elecciones en las que la coalición de agrupaciones de la oposición consiguiera 82 de los 222 escaños del Parlamento federal, resultado que supuso un revés para el partido que gobierna Malasia desde hace medio siglo.
El juicio del líder opositor por un presunto delito de sodomía arrancó hace dos años a raíz de que en junio de 2008 su ayudante Saiful Bukhari Azlan denunciara a la Policía que había sido sodomizado por su jefe.
Este fue el segundo juicio por sodomía afrontado por Anwar desde que en 1998 fue destituido de los cargos de viceprimer ministro y ministro de Finanzas, y denunciado por sodomía y un delito de abuso de poder relacionado con un supuesto intento de este para bloquear el inicio de un proceso judicial por esa causa.
Anwar fue condenado en 1999 a seis años de cárcel por abuso de poder y un año después a otros nueve tras ser declarado también culpable de sodomía.
Tras pasar en la cárcel seis años el Tribunal Supremo anuló en 2004 la sentencia por sodomía y salió en libertad ese mismo año por haber cumplido la otra pena.
No obstante, el regreso de Anwar a la política se demoró hasta que en 2008 expiró el periodo de inhabilitación para la función pública impuesto por el tribunal.
