La instauración del Expediente Judicial Electrónico (EJE), con el que se pretende evitar las copias en papel de todos los procedimientos, y cuya integración está dando más de un problema en aquellos órganos en los que ya se utiliza, precisará el desarrollo de un plan de calidad para su implantación, así como responsabilizar a cada uno de los órganos que desarrollan individualmente el proyecto de los resultados obtenidos, tanto en materia de plazos como de efectividad.
Es una de las conclusiones que se extraen del estudio Expediente Judicial Electrónico, estadística que forma parte de los 20 libros que integrarán el Proyecto de Documentación del Plan Estratégico de Modernización del Sistema de la Justicia, que publica paulatinamente el Ministerio de Justicia.
Se trata de la segunda entrega del Proyecto, en la que se publican seis nuevos tomos que se suman a los cuatro ya existentes. Además del relativo al Expediente Judicial Electrónico, Justicia estudia la Apostilla Electrónica, así como la Estrategia de Formación en modernización, el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, el Centro de Atención al Usuario de la Administración de Justicia y el Modelo de Oficina Judicial en partidos judiciales de menor tamaño.
Retos de modernización
Las estadísticas de Justicia hacen balance de la situación en que se encuentra el Plan de Modernización que se viene desarrollando desde 2009, y se centran, por ejemplo, en la necesidad de que, como consecuencia de la múltiple diversidad de ámbitos que comprende el proyecto de implantación del EJE y la implicación de diferentes equipos en cada uno, se construyan "grupos de trabajo específicos por áreas para la resolución de incidencias durante el proceso de estabilización", que eviten dispersión y duplicidad de esfuerzos.
Estos grupos de trabajo deberán contar con la participación de los diferentes equipos implicados en el desarrollo de cada una de las aplicaciones que integran el EJE.
Con respecto a la apostilla electrónica, que consiste en la sustitución de la firma común de los documentos públicos apostillados por un certificado o forma electrónica válida y su registro electrónico (e-Register) para reemplazar el fichero tradicional manual de apostillas por un registro electrónico que permita su seguimiento, el Informe correspondiente asegura que "se encuentran en preparación los ajustes técnicos de la base de datos que permitirán la consulta por parte de las autoridades competentes en cualquier punto del territorio nacional de todos los sellos y firmas de las autoridades firmantes de documentos públicos susceptibles de ser apostillados", dando cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1497/2011.
En este sentido, Justicia valora en el Informe que el nuevo Real Decreto introduce una importante novedad: la posibilidad de que, dentro del ámbito nacional, puedan emitirse apostillas con independencia del lugar geográfico en que el documento público a apostillar hubiera sido emitido, superándose, además, la división entre autoridades competentes judiciales y administrativas que podrán apostillar indistintamente.
