Cortés dice que ojalá el recurso al Constitucional sirva para que le caiga más pena

Huelva, 21 dic (EFE).- Juan José Cortés, padre de Mari Luz, ha expresado hoy su deseo de que, la decisión de Santiago del Valle de recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la condena que le impuso la Audiencia de Huelva, "sirva para que le caiga más pena".

Al conocer hoy la decisión de Del Valle, Cortés se ha limitado a manifestar a Efe: "Que haga lo que quiera y lo que crea conveniente, nosotros ya estamos curados de espanto".

Asimismo, ha apuntado que la familia, a un mes de cumplirse cuatro años de la desaparición de la pequeña, lo que quiere es "estar bien, el trago ya lo pasamos, queremos ir asumiendo poco a poco lo sucedido y recuperar nuestra vida".

Sobre la posibilidad de que se pudiera repetir el juicio, algo que sucedería de admitir el Constitucional el recurso y fallar a favor de Del Valle, Cortés, quien en numerosas ocasiones ha mostrado su rechazo, por lo que ese momento supuso para la familia de doloroso, hoy ha asegurado que estaría dispuesto a volver a pasar por ahí si ello implicara un aumento de la condena.

"Una vez que nos tiran a la plaza somos capaces de torear cualquier toro que venga", ha dicho.

El abogado de Santiago del Valle, Juan López Rueda, ha confirmado hoy a Efe la interposición de ese recurso ante el Constitucional antes de principios de enero, cuando finaliza el plazo para hacerlo, basándose en la vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia y quebrantamiento de forma.

Santiago del Valle fue condenado por la Audiencia Provincial de Huelva a 22 años de cárcel por los delitos de asesinato y abuso sexual y el Tribunal Supremo, en su sentencia, hacía constar que consideraba que la pena podría haber sido más elevada, concretamente, en el caso de los abusos.

Entiende el alto tribunal que el relato de los hechos considerados probados, que recoge el forcejeo entre la niña y Del Valle una vez que la menor subió a la casa de éste, hubiera permitido condenar al principal acusado como responsable de abusos sexuales con violencia o intimidación, lo que acarrea una pena de entre cinco años y diez años de prisión, cuando la pena impuesta fue de tres al considerar que el abuso fue no violento.