El jefe de servicio de Cooperación Local defiende la tramitación de dos expedientes para distribuir sillas a los Ayuntamientos
PALMA DE MALLORCA, 14 (EUROPA PRESS)
Una técnica del Departamento de Residuos del Consejo de Mallorca ha atribuido al exjefe de servicio de esta área, Fernando Ruano, y al exdirector insular, Guillem Riera, las órdenes y decisiones en torno al cambio de facturación que la Institución Insular impulsó en el sistema de recogida selectiva, y que según las investigaciones del caso Cloaca derivó en un presunto desvío de más de tres millones de euros de las arcas públicas por parte de las concesionarias de la recogida por trabajos no realizados.
"Nunca ningún técnico ha decidido sin el conocimiento ni la propuesta de actuar del jefe ni del político", ha aseverado Joana Maria P.C. para justificar que tanto ella como sus compañeros se limitab a seguir las instrucciones de sus superiores. La técnica ha sido interrogada en calidad de testigo por el titular del Juzgado de Instrucción número 9, Enrique Morell, en torno a los motivos por los que se llevó a cabo la modificación en el sistema de facturación. "Pese a estar cerca no lo conocía", ha asegurado la declarante.
A preguntas del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, la testigo, tras recordar que en aquella época compartía despacho con la economista Maria Morey y el ingeniero técnico Gabriel Perelló, ha incidido en que los técnicos "siempre actuamos por órdenes".
En este contexto, en el caso de Morey, Joana Maria P.C. ha manifestado que "no es posible" que ésta llamase a la empresa de tratamiento de residuos Tirme para pedir información sobre la recogida selectiva en la Part Forana "sin que lo supiera el jefe, el director o el consejero". Asimismo, sobre la facturación de los kilos recogidos por Ecoenves y Ecovidrio "lo llevaba Morey pero siempre con la revisión del superior".
"Ruano tenía constancia de todo lo que se hacía en el departamento", ha sentenciado la testigo. También esta misma jornada ha prestado declaración, en su caso como imputado, el jefe de servicio del Departamento de Cooperación Local del Consejo, Guillermo Cortés, quien ha sido interrogado en torno a dos expedientes de contratación por los que se pagó de forma presuntamente irregular a dos proveedores para que éstos distribuyeran más de dos mil sillas a varios ayuntamientos de Mallorca con motivo de las verbenas.
Tras explicar que su cometido pasa por cooperar con los municipios desde el punto de vista económico y participar en los expedientes de cooperación, en los negociados sin publicidad de hasta 30.000 euros, Cortés ha recordado que en el caso de uno de los expedientes los responsables políticos, a través de Coloma Castañer -quien fuera secretaria de la exconsejera Catalina Julve-, le dijeron las empresas a las que se tenía que invitar al negociado. "Lo normal era que la secretaria técnica me dijera a quién debía invitar", ha apuntado.
De todas formas, ha precisado que en este caso firmó el documento de invitación de forma "excepcional" puesto que Castañer no estaba y "lo firmé para agilizar el expediente". "Sabía las empresas y por iniciativa propia firmé el informe", ha abundado el encausado quien, al ser preguntado si pudo alguien suplir la firma del adjudicatario, ha manirfestado que es posible que en este caso se enviase el documento a Almacenes Rullan para que lo firmase y lo devolviese al Consejo, lo que "no fue iniciativa mía".
"ALGUIEN DEL CONSEJO DE MALLORCA DEBIÓ DE MOVER LOS HILOS"
En relación al otro expediente sobre la distribución de sillas en 2006, ha recordado que resultó adjudicataria Ses Nostres Eines S.L. y, al ser preguntado sobre si la transferencia por parte del Consejo de Mallorca fue hecha antes de que las sillas fuesen entregadas por el proveedor a los Consistorios, ha asegurado desconocerlo si bien ha considerado posible que se hiciera así "para no perder el dinero presupuestado para ello". "Coloma me había dicho que las sillas ya estaban en los Ayuntamientos", ha justificado.
"Se dio la urgencia de tramitar la factura antes de finales de año porque si no se perdía el dinero", ha añadido Cortés, quien ha supuesto que "alguien del Consejo debió de mover los hilos para que se pagasen las facturas". El imputado ha asegurado que los expedientes de contratación de ambos negociados fueron fiscalizados de conformidad por parte de la Intervención del Consejo.
