La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión al trabajador de una asociación que estafó unos 55.000 euros a decenas de extranjeros en 2001, prometiéndoles trabajo y su regularización en España, por lo que les cobraba entre 600 y 1.200 euros.
BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión al trabajador de una asociación que estafó unos 55.000 euros a decenas de extranjeros en 2001, prometiéndoles trabajo y su regularización en España, por lo que les cobraba entre 600 y 1.200 euros.
La sentencia ha confirmado el acuerdo al que llegaron las partes y que evitó el juicio el 21 de noviembre, cuando se pactó rebajar de 11 a dos años la pena de prisión para el acusado, y de 21.600 a 450 euros la multa, y además tendrá que pagar una indemnización de 60.000 euros a los 27 afectados.
Arístides R., de nacionalidad peruana y vecino de Olot (Girona) que ahora está en libertad provisional, captaba a extranjeros en situación precaria mediante anuncios en el consulado peruano y en su consulta médica de Sabadell (Barcelona), donde les proporcionaba un impreso de solicitud de permiso de trabajo y una oferta laboral.
Según recoge la sentencia, el condenado realizó 300 expedientes que fueron denegados por la Subdelegación del Gobierno de Barcelona y la de Girona por "no quedar acreditada la existencia real, la capacidad o solvencia de la empresa para hacer frente a las obligaciones de los trabajadores ni de la necesidad de contratación".
Por estas actuaciones, se le ha juzgado de delitos continuados de estafa y falsedad en documento oficial.
Según explicó a Europa Press el abogado de la defensa, Joan Carles Cerdà, la fiscalía retiró el delito contra el derecho de los trabajadores --por el que pedían 5 años-- porque no existía en el Código Penal en el momento de los hechos, y el juez estimó además el atenuante de dilaciones indebidas.
La falta de testigos de cargo también precipitó el acuerdo: "Se ha tardado mucho porque la causa es muy larga. Había 70 testigos, y es difícil localizarlos a todos. Es una causa muy compleja", ha argumentado el letrado.
