Washington, 8 dic (EFE).- El fiscal general de EEUU, Eric Holder, asumió hoy la responsabilidad final por los errores de la operación encubierta "Rápido y Furioso" ante congresistas republicanos que exigieron dimisiones en su departamento y le amenazaron con un juicio político.
Holder afrontó durante más de tres horas una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, ante el que debía dar explicaciones sobre la fallida operación, que en 2009 permitió el tráfico encubierto de unas 2.000 armas de fuego hacia México con el fin de seguirles la pista para llegar a carteles de la droga.
En su comparecencia, el secretario de Justicia admitió que las armas perdidas en esa operación seguirán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera "durante años", y que "desafortunadamente, es muy probable que siga muriendo gente".
Sin embargo, defendió que los altos funcionarios de su departamento no supieron nada del fallido operativo hasta finales de 2010, y pidió paciencia a los congresistas hasta que concluya la investigación interna que él mismo ordenó y pueda identificarse así a los responsables.
"En última instancia, yo soy responsable por todas las acciones que ocurran dentro del departamento", respondió, sin embargo, Holder a una pregunta del legislador republicano Jim Sensenbrenner.
"Pero si ustedes van a basarse en lo que pasó con 'Rápido y Furioso' para evaluar mi desempeño, deben fijarse en cuánto sabía sobre ese asunto", matizó el fiscal general, que sostiene que no se enteró de la estrategia hasta comienzos de 2011.
Sensenbrenner dijo por su parte que "deben rodar cabezas" dentro del Departamento de Justicia y la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), que coordinó la operación.
"Si usted no llega al fondo de todo esto, al Congreso sólo le quedará una alternativa, y se llama juicio político", advirtió el congresista, que no precisó si ese mecanismo se aplicaría al propio Holder o a otros altos funcionarios.
"¿Por qué no ha despedido usted a los implicados?", preguntó por su parte Darrell Issa, uno de los republicanos que lideran la investigación sobre el operativo.
Desde que se descubrió el fallo del operativo en diciembre de 2010, el Departamento de Justicia ha reemplazado al fiscal general de Arizona Dennis Burke y al director en funciones de la ATF, Kenneth Melson, pero muchos republicanos piden la dimisión de Lanny Breuer, jefe de la división criminal del Departamento de Justicia.
Ante la urgencia de los congresistas, el secretario de Justicia se mostró "dispuesto a dar otros pasos antes de que el inspector general concluya su informe", e indicó que, en el caso de que se determine que han cometido infracciones delictivas, "podrían iniciarse procesos judiciales" contra funcionarios del Departamento.
Holder subrayó que la operación fue "regional", que "no fue concebida por líderes del Departamento" y que éste ha suministrado al Congreso más de 5.000 documentos sobre ella.
No obstante, Issa y otros republicanos le reprocharon el hecho de que "absolutamente ninguno" de los correos electrónicos recibidos por los legisladores lleve la firma de Holder.
Los congresistas se extrañaron por la falta de órdenes escritas que documenten las fases de la operación, e Issa se mostró convencido de que el Departamento de Justicia está "reteniendo" documentos.
El fiscal general aseguró que ha informado al Congreso de manera "sobrada", aunque admitió que se mostraría "sorprendido" si la investigación descubre algún documento que diga "vamos a permitir que las armas circulen".
Esa táctica, la que empleó "Rápido y Furioso", es "completamente inaceptable", y su uso es "inexcusable", dijo el funcionario, que subrayó que la decisión de recurrir a ella no se tomó en Washington, apuntando así a que la idea pueda provenir de la oficina del fiscal general en Phoenix (Arizona).
En diciembre de 2010, dos de las armas del operativo fueron halladas en el lugar donde fue asesinado un agente de la patrulla fronteriza estadounidense, Brian Terry.
De las 2.000 armas que se dispersaron en el operativo, el Departamento de Justicia ha recuperado "varios cientos", dijo hoy Holder.
