"Maraña legal, hipertrofia normativa, y regulación obsoleta y confusa que supone un freno a la recuperación económica". Estos son algunos de los calificativos que juristas y economistas dedicaron a la actual regulación de profesiones colegiadas, durante el X Congreso Nacional de la Abogacía Española, que ayer concluía en Cádiz.
Y es que, la Ley de Servicios Profesionales, a cuya tramitación obligaba la Ley Ómnibus que traspuso la Directiva de Servicios, aprobada el pasado diciembre de 2009, lleva casi un año de retraso.
Ángel Torres, secretario general de Política Económica y Economía Internacional del Ministerio de Economía, apeló a "una indispensable modificación de esta regulación, donde existe -dijo- un amplio margen de mejora". Explicó que "la coyuntura económica demanda reformas que permitan recuperar la senda de crecimiento y ésta es una de ellas".
Además, señaló que "el modelo actual es incompatible con el plan Bolonia, y que los profesionales españoles tienen problemas de movilidad en el espacio europeo, dado que sólo puede ejercer profesiones para las que están habilitados por una norma española muy restrictiva que les hace menos competitivos". Y adelantó que, a pesar de no existir aún un anteproyecto, desde su Ministerio, "se ha estado en un contacto continuo con los ministerios sectoriales afectados y con los colegios profesionales".
Ahora bien, el abogado Tomás González, censuró las filtraciones de un posible proyecto en el que "no se ha contado con el sector colegial, por lo que se ha creado aún más inseguridad para ellos", al tiempo que denunció "las críticas excesivas e infundadas al sector colegial por parte de las instituciones de competencia".
Por su parte, Joaquín de Fuentes Bardají, abogado general del Estado, planteó varias de las dudas que tendrán que resolverse con la nueva norma, como qué profesiones tienen que colegiarse para ejercer, o si se va a exigir a quienes ejerzan un asesoramiento jurídico general no litigioso. No obstante, en su opinión, la colegiación de los abogados deberá ser obligatoria "teniendo en cuenta los derechos de defensa que articulan su actividad".
Derecho de Defensa
En otro orden de cosas, Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lamentó que no haya prosperado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y explicó que "debe ser el punto de partida de futuras reformas legislativas en la materia". A su juicio, la cesión de la instrucción al fiscal, brindará "una disociación que puede reforzar el derecho a la defensa, acabando con una situación en la que difícilmente pueden verse garantizados los derechos si esta garantía la tiene que ofrecer un órgano que tiene interés en el buen éxito de la investigación".
Celebró, asimismo, el reconocimiento que el anteproyecto hace del derecho a la entrevista del investigado con su abogado, así como la exclusión de una defensa por un letrado que esté relacionado con el hecho investigado. Pero si algo alabó el magistrado fue la proscripción de la intervención de las comunicaciones entre abogado y cliente, como "corolario irrenunciable del derecho de defensa".
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