Madrid, 25 oct (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el procedimiento legal pertinente para que se desaloje a las personas que ocuparon el pasado fin de semana el antiguo mercado de Montamarta del barrio de San Blas para exigir su rehabilitación.
El antiguo mercado de Montamarta de San Blas está sin uso desde los años 90, cuando cerró y sus puertas y ventanas tuvieron que ser tapiadas por el Ayuntamiento para evitar que entrasen toxicómanos.
El pasado fin de semana unas doscientas personas "okuparon" el edificio para crear un "Espacio Vecinal Liberado", con el objetivo de rehabilitarlo para que pueda ser aprovechado por los vecinos, según han confirmado varios colectivos vecinales a través de internet.
Ante esta ocupación ilegal, el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado el procedimiento legal correspondiente, según han confirmado fuentes municipales, que han precisado que, si las personas que están en el edificio no lo abandonan voluntariamente, el desalojo se producirá "cuando el juez lo ordene".
Esta "okupación" se produce después de que el pasado 15 de octubre un grupo de personas ocupase el Hotel Madrid de la calle Carretas de la capital, tras participar en la jornada de protesta que se convocó para demandar un cambio global en la política y la economía.
En los días siguientes los colectivos que apoyan esta "okupación" se plantearon invadir también el Teatro Albéniz, pero no llegaron a un consenso.
Sobre estas ocupaciones, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha considerado hoy, durante un acto en el Archivo Regional, "impresentable que, una vez más, se alteren los derechos de los ciudadanos".
Ha recordado que el Ministerio del Interior es el encargado de asegurar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "garanticen el Estado de Derecho y los derechos para todos".
"El permitir recurrentemente que estas personas vayan ocupando espacios públicos o privados ajenos, sin que haya impedimento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es una vulneración del Estado de Derecho, una dejación de responsabilidades y algo inaceptable", ha añadido.
Por eso ha pedido al Ministerio del Interior "que se aplique la legalidad, impidiendo que la gente ocupe la propiedad privada y aplicando las sanciones previstas".
