El recurso colectivo europeo, cuya normativa está actualmente en proceso de redacción por la Comisión Europea (CE), no debería acoger supuestos en que las pérdidas individuales no superen los 2.000 euros. O al menos así lo creen desde la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que lo propone en su Proyecto de Opinión, sobre el informe Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso colectivo, y que ahora será elevado a la CE.
Una limitación que alinearía este recurso con el Reglamento, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, que se refiere también a deudas transfronterizas menores de 2.000 euros.
Asimismo, solicita que quede garantizada la igualdad entre las partes en el proceso, sin que deba colocarse a los demandantes colectivos en mejor posición que a los individuales. De esta forma, los recursos serán interpuestos por un organismo representativo, que ejercite la acción en nombre de un grupo, eso sí, definido con claridad y en el que todas las personas estén identificadas debidamente, puesto que las Constituciones de varios Estados prohíben presentar demandas en nombre de víctimas desconocidas.
Esto obligará a crear criterios europeos para que los Estados puedan autorizar a estas entidades. Ahora bien, pide cautela a la hora de ampliar la legitimación a organizaciones ya que el acceso de éstas a la Justicia no debe ser más fácil que para los particulares. Por si esto fuera poco, la organización representativa no podrá quedarse con parte de la indemnización, porque se aumentaría considerablemente los incentivos económicos para presentar demandas sin fundamento.
Aboga también por la prohibición de las indemnizaciones punitivas, de forma que sólo podrán compensarse los daños reales, en especial para evitar que los particulares planteen la solución de sus controversias internacionales en un país concreto con el fin de obtener una respuesta jurídica más favorable a sus intereses. Asimismo, la CE pide que la carga de la prueba recaiga en la parte que alegue la infracción y que las víctimas tengan siempre la opción de reclamar una indemnización individual.
Por último, alienta al establecimiento de sistemas alternativos de solución de conflictos a escala europea, de forma que se imponga a las partes la obligación legal de buscar una resolución consensuada de la controversia colectiva antes de presentar una demanda colectiva.
