Barcelona, 21 oct (EFE).- Los juzgados catalanes tienen más de 40.000 millones de euros pendientes de resolución judicial, cifra que supone un 20% del PIB catalán, según un estudio elaborado por el Departamento de Justicia, que alerta del grave impacto que esas sumas retenidas comportan para la economía catalana.
La consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, ha presentado hoy los resultados de ese estudio en el Fórum Europa Tribuna Cataluña, donde, ante una audiencia compuesta principalmente por empresarios, ha insistido en los importantes costes económicos que se derivan de una justicia en cuya rapidez "no se puede confiar".
El estudio que hoy ha presentado Bozal, elaborado durante los primeros meses de gobierno de CiU, calcula que sólo con reducir a la mitad el tiempo de resolución de los procedimientos concursales, que como promedio suelen prolongarse tres años, la economía catalana podría recuperar entre 110 y 135 millones de euros al año, de forma directa o indirecta.
Los 40.000 millones de euros que actualmente están en litigio en los juzgados catalanes, cifra que la propia Bozal ha calificado de "vértigo", coinciden con el presupuesto anual de la Generalitat, incluidas las empresas públicas, y equivale al 20% del PIB catalán del 2010.
Esa cifra comprende sólo una pequeña parte de las cantidades retenidas en la jurisdicción civil, a la que se podrían sumar los patrimonios inactivos por herencias en litigio, las indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico u otros importes que están en disputa en los juzgados contencioso-administrativos.
"El equivalente a una quinta parte del PIB catalán está a la espera de saber si debe cambiar o no de manos, y los correspondientes demandantes y demandados, a la espera de saber si, como consecuencia de una sentencia judicial, obtendrán o no, continuarán o no contando con ese dinero", ha añadido Bozal.
Por ese motivo, la consellera ha llamado a su auditorio a "tomar conciencia" de la necesaria modernización de la justicia, lo que exige la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, un proyecto que Fernández Bozal cree que debería estar desplegado en los juzgados catalanes en un plazo de 8 años.
Según Bozal, la puesta en marcha de esa nueva oficina, que debería agilizar los trámites de los juzgados, costará unos 550 millones de euros, de los que 150 se destinarán a la implantación de nuevas tecnologías.
Esa cantidad, en opinión de la consellera, debe ser valorada en función de sus resultados, porque el "retorno económico y social que comportará la modernización de la justicia superará, holgadamente y en pocos años, el coste de la inversión".
Fernández Bozal, que ha pedido la implicación de los representantes de los distintos ámbitos jurídicos para impulsar la modernización de la justicia, ha fijado el 2016 como fecha límite para la implantación del expediente judicial electrónico, que pondrá fin al uso del papel en la administración de justicia.
En ese sentido, ha recalcado que Cataluña es la única comunidad autónoma que se ha implicado en ese proyecto junto al Ministerio de Justicia, aunque éste, a su parecer, "ha trabajado muy poco en la confección del expediente electrónico".
La consellera ha anunciado que su Departamento está trabajando en un informe que servirá para evaluar cuál sería la contribución de la modernización y agilización de la justicia en la reactivación económica.
