Arroyomolinos, 19 oct (EFE).- El gobierno de Arroyomolinos que preside el PP garantiza que ha cumplido con la legalidad que establece la Ley de Contratos, tras conocerse la imputación de su alcalde, Juan Velarde, y parte de su equipo por un supuesto delito de malversación y prevaricación.
A través de un comunicado, el ejecutivo local ha apelado a su presunción de inocencia y ha manifestado que todas las contrataciones que se han realizado tanto en el consistorio como en la empresa municipal de vivienda se han realizado "con pleno respeto" a dicha ley e incluso con mayor publicidad de la prevista.
También han manifestado que el Tribunal de Cuentas fiscaliza todos los años la contabilidad de ambas entidades, "siendo favorables sus informes en los últimos años".
Asimismo, el equipo de gobierno ha recordado que recientemente la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su informe anual la legalidad de las contrataciones realizadas por la empresa municipal.
No obstante, desde el consistorio han señalado que darán todas las explicaciones que procedan en el Juzgado de Navalcarnero el próximo 14 de diciembre, "en la plena convicción de que después de su declaración se procederá al archivo de la denuncia interpuesta por el Partido Socialista".
El secretario de la Agrupación Socialista de Arroyomolinos, Juan Carlos García, fue quien denunció en 2007 los hechos por los que ahora se ha imputado al alcalde de Arroyomolinos, Juan Velarde, así como a dos miembros de su actual gobierno, un edil del anterior, y al antiguo gerente de la empresa municipal de vivienda, Carlos García Escribano.
En la denuncia se acusaba al equipo municipal de llevar a cabo presuntas contrataciones irregulares por valor de 44 millones de euros.
