El futuro de registradores y notarios "sólo puede acabar en un horizonte: un solo cuerpo". Así lo señaló ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en el marco de un desayuno organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y Wolters Kluwer en el que se refirió también a la necesidad de revisar la estructura de estas figuras, "funcionarios públicos que trabajan privadamente", especialmente teniendo en cuenta que "los vientos que vienen de Europa no son los mejores, y más con la Directiva de Servicios".
Sin embargo, Caamaño reconoció que existen objetivos más a corto plazo que se deben solucionar previamente, como evitar "duplicidades" en los pagos que realiza el ciudadano para acceder a su información registral, limitar los "costes añadidos y las esperas innecesarias", y evitar limitaciones en los derechos de los ciudadanos "que son privilegios de oficina".
El ministro se refirió también a la reforma de la Ley Hipotecaria de 2007, que ha provocado que parte de los notarios estén llevando a cabo cobros arancelarios contrarios a la norma al cancelar hipotecas. "Habrá que modificar el Decreto para que sea inequívoco", señaló.
Modelo del Poder Judicial
Por otra parte, el ministro reflexionó sobre la existencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y señaló que la democracia "no ha acertado aún con el modelo", de forma que, a su juicio, "sólo hay dos soluciones: cambiar el sistema o reformar la Constitución".
Explicó, además, que sólo dos países, España e Italia, cuentan con un órgano de gobierno de los jueces, mientras que para muchos otros países se trata de una institución "perfectamente prescindible". Y es que la independencia de la Justicia, añadió, "no depende de que exista o no un CGPJ, sino que se predica de cada juez". Además, señaló que "no cree en un CGPJ más corporativo" -modelo propuesto por el Partido Popular en que los jueces serían los responsables de elegir a los vocales-, porque "no es bueno que la política de la Justicia la hagan los jueces; su deber es administrarla".
Antigüedad de los jueces
El ministro hizo referencia, además, a la reciente reforma que permite a jueces y magistrados mantener su antigüedad en caso de pasar a ocupar un cargo político, al poder acogerse al régimen de servicios especiales en lugar de al de excedencia voluntaria. Defendió la medida asegurando que "fue aprobada por unanimidad" y que "es absolutamente discriminatorio" que ocupar un cargo público "les haga perder todo su escalafón". Algo que no ocurre, señaló, en otros muchos casos de funcionarios públicos.
Asimismo, el titular de Justicia se refirió a la propuesta hecha por el Partido Popular de incluir en el actual Código Penal la cadena perpetua revisable como pena máxima. Para el ministro, el Código Penal es de una "dureza extrema y más con la última reforma del Código Penal, donde, por ejemplo, los delitos de terrorismo son imprescriptibles".
Además, censuró la ausencia de rigor y seriedad con que se trata esta materia: "se trata de un tema que mueve pasiones y pocas reflexiones racionales". Asimismo, criticó que el partido de la oposición no ha explicado aún el modo en que se aplicaría esta figura, y si está dispuesto, por ejemplo, a dejar libre a alguien que lleva 15 años en prisión sin una fase de preparación para la libertad.
Por último, el ministro de Justicia "lamentó profundamente" que no se hayan aprobado algunas leyes debido al adelanto electoral.
En concreto, Caamaño se refirió a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Mediación y la Ley de Tribunales de Instancia, en su opinión, "norma clave que supone un avance en las deficiencias económicas, sociales y en las necesidades estructurales de la Administración de Justicia, y que se habría aprobado por unanimidad".
