La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) instó ayer al próximo Gobierno a modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades para acabar con la inseguridad jurídica que sufren actualmente las sociedades y poner coto al aumento progresivo de la litigiosidad causada por las deficiencias del régimen de operaciones vinculadas.
El presidente de Aedaf, Juan Carlos López-Hermoso, explicó que ha aumentado la incertidumbre desde que el Tribunal Supremo emitió el auto de 8 de febrero de 2011 en el que plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas y su procedimiento sancionador.
El ponente del auto, el magistrado Garzón Herrero, basa su demanda al Constitucional en la falta de concreción en la Ley de Sociedades sobre la documentación obligatoria a presentar y mantener a disposición de Hacienda. Además, porque no establece criterios sobre cuando se considera que aquélla está incompleta, lo que lleva a que de abrirse una vía reglamentaria posterior se vulneraría el principio de legalidad en materia sancionadora.
Aedaf denunció ayer que los Tribunales Económico-Administrativos se están declarando incompetentes para pronunciarse sobre las valoraciones de la Inspección de Hacienda, lo que supone recurrir a la vía Contencioso-Administrativa y litigar tres o cuatro años.
Ante este panorama, López-Hermoso se mostró ayer partidario de que todos los contribuyentes recurran las actas abiertas por la Inspección, puesto que el fallo del Tribunal Constitucional puede tardar entre cuatro y ocho años, lo que supondrá que estas actuaciones, para entonces, se consideren firmes.
Limitar el ámbito
Por todo ello, Aedaf presentó ayer una batería de propuestas legislativas que consideran urgente. Así, Eduardo Gracia, directivo de Aedaf, comentó que, a parte del cambio de normativa y del recurso generalizado, es necesario la modificación del artículo 16 de la Ley del Impuesto para "eliminar la obligatoriedad de mantener la documentación para las empresas que sólo realizan operaciones de ámbito nacional, ya que éstas no pueden escapar del control de Hacienda y ésta puede recurrir a valorar los datos que considere erróneos".
Las propuestas recuerdan que las Directrices de la OCDE, sobre las que se basa este régimen, han creado el sistema como un régimen de reparto de bases imponibles entre Estados y no como un régimen antielusión. También, se propone reducir el perímetro de vinculación en operaciones nacionales e internacionales, que obliga a documentar operaciones que quedan fuera en las legislaciones de los demás países de la UE "como las realizadas entre un administrador social y sus consejeros, o entre los socios partícipes con al menos un 5 por ciento del capital", añadió Gracia.
López -Hermoso indicó que también es necesario reducir el volumen de la documentación, que ni en el Código de Conducta de la UE se llega a exigir y que se deje al criterio del contribuyente la documentación precisa para justificar la valoración aplicada y no una relación exhaustiva de documentos y, por último, que no se sancione por la falta de alguna información o error, si Hacienda, finalmente, decide que no procede ajuste alguno.
Preguntados sobre la actuación de las delegaciones de Hacienda, ambos directivos de Aedaf reconocieron que en algunas de ellas se ha decidido no sancionar los errores en sanciones nacionales, pero otras, como la Ley dice que la documentación debe estar disponible para la consulta de Hacienda, están presentándose en las empresas para comprobarlo y si no sancionar.
"La actitud de Hacienda no es proactiva en la ayuda al contribuyente en esta materia", concluyó el presidente de Aedaf.
