Los gestores administrativos quieren que Hacienda acabe con las actuaciones administrativas puntuales que generan confusión, una sensación de falta de coordinación interpretativa y un grave perjuicio para los afectados.
Alfonso Lluzar, vicepresidente primero del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, anunció ayer que la próxima semana, los representantes de la Agencia Tributaria se han comprometido a explicar en el Foro de Asesores Fiscales cual es su nueva interpretación sobre la tributación de los profesionales que son socios de sociedades, por IVA e IRPF.
Inseguridad jurídica
Lluzar explicó que se ha creado una seria situación de inseguridad jurídica para estos profesionales, puesto que en Málaga y, en menor medida en Valladolid, se han enviado masivamente propuestas de liquidación por la Agencia Tributaria a estos profesionales en las que recalifican los ingresos obtenidos como rendimientos del trabajo como de actividades económicas, sin ningún tipo de investigación previa.
Además, la liquidación del IRPF que propone Hacienda no tiene en cuenta como gasto deducible las cotizaciones por el RETA ni deja al contribuyente justificar otros gastos deducibles o motivar que los tiene. En el IVA, la liquidación que plantea se limita a dividir las percepciones anuales entre los cuatro trimestres y no se solicitan las cuotas soportadas y deducibles.
A la vista de esta situación, Lluzar afirmó que "la Agencia Tributaria tiene que actuar de forma previsible, porque cuando una empresa planifica lo hace a cuatro o cinco años vista, pero si una de las variables primordiales de esa planificación, como es la fiscalidad no es previsible, se está creando una situación e inseguridad jurídica.
Los gestores administrativos se quejaron de la obligación impuesta a las sociedades de recibir las notificaciones de la Agencia Tributaria por correo electrónico y que pasados diez días desde su envío se le dará automáticamente como notificado, lo que supondrá que comenzarán a correr los plazos a todos los efectos legales que puedan corresponder en el procedimiento administrativo de que se trate.
Para Francisco Candela, vicepresidente segundo del Consejo de Gestores, "es positivo todo lo que suponga avanzar, pero convertir un derecho en una obligación no es tan bueno, sobre todo si se tiene en cuenta que un 30 por ciento de las sociedades no poseen el certificado digital y no están en disposición de acceder de forma telemática".
A este respecto, Lluzar puso como ejemplo "el caso de un camionero internacional que está todo el día montado en su camión traspasando fronteras y que va a tener que consultar cada diez días, como mínimo, el correo electrónico, o ponerse en manos de un asesor fiscal que lo haga por él". Candela solicitó, al menos, un periodo de adaptación de cinco años, de carácter voluntario.
En la misma línea se han mostrado otros colectivos también presentes en el Foro de Asesores como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), cuyo presidente, Juan Carlos López Hermoso, reiteró ayer su desacuerdo con esta medida que "crea indefensión y la inseguridad jurídica".
