El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, defendió ayer el aumento de la cuantía para acceder al recurso de casación, que introduce el proyecto de Ley de Agilización Procesal, aprobado ayer por el Senado.
Dívar señaló que la cuantía no es la única vía de acceso de los asuntos al recurso de casación, puesto que también acceden a él aquellos en los que se solicita la tutela judicial de derechos fundamentales o en los que la resolución del recurso presenta interés casacional.
La consecuencia, señaló, es que seguirá habiendo un número importante de asuntos que accederán a la casación por las dos vías con independencia de que se eleve la actual cuantía, lo que permitirá resolver las cuestiones en las que existan discrepancias doctrinales.
Estas consideraciones las realizó después de que se aprobase por el Pleno una enmienda que rebajaba los 600.000 euros de cuantía mínima aprobada en el Congreso por los 150.000 actuales. La enmienda propuesta por los Grupos Entesa Catalana y de Senadores Vascos será revisada nuevamente por el Congreso de los Diputados.
En 2010 se produjo una importante reducción de los asuntos pendientes en el Alto Tribunal hasta quedar situados en 24.225.
La duración media de los procesos en las diferentes Salas alcanzó el año pasado "niveles de normalidad", excepto en la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala Tercera). Así, en la Sala de lo Civil el plazo medio es de 13,6 meses, en la Penal de 6,47, en la Contencioso Administrativa de 17,5 y en la de lo Social de 10,1 meses.
Dívar explicó que de los datos incluidos en la Memoria del Tribunal Supremo, se puede deducir que "la tendencia es a consolidar esa normalidad en las Salas o lograrla en el plazo de un año en el caso de la Tercera, gracias al plan especial de refuerzo alcanzado entre el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia".
Protagonistas de conflictos
Dívar invitó también a los tribunales a trabajar con imparcialidad "sin sucumbir a la tentación de convertirse ellos mismos en protagonistas de conflicto alguno".
Esta expresión, que formó parte de su discurso de Apertura del Año Judicial, fue interpretada por los magistrados asistentes al acto como una reconvención al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su actuación tras la sentencia sobre el empleo del español y del catalán en la enseñanza.
Con respecto al contencioso entre Supremo y Constitucional, indicó que la actuación de este último debe basarse no sólo en la interpretación de la Constitución y en el alcance de los derechos fundamentales sino también en "en el reconocimiento por parte de éste de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como expresión de la realidad viva del derecho, en la que se concreta la significación jurídico pragmática de la ley cuya constitucionalidad se juzga y del papel que corresponde a los tribunales judiciales como la instancia ordinaria de protección de los derechos y libertades fundamentales".
