El Informe de la Oficina del Defensor del Pueblo sobre 2010, presentado ayer ante el Pleno del Congreso de los Diputados, constata que las denuncias de los ciudadanos en el ámbito tributario se han concentrado en las demoras excesivas en la resolución de los diferentes procedimientos tributarios, que llegan incluso a no resolver los funcionarios.
Denuncia que amparándose la Administración en "una curiosa interpretación" de los artículos 43 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de los artículos 103 y 104 de la Ley General Tributaria, al considerar que el procedimiento se ha resuelto por silencio administrativo, deja abierta al interesado la posibilidad de acudir a la jurisdicción Contenciosa.
El informe considera que "toda la normativa refleja la clara obligación de la Administración de dictar resolución expresa, aún habiendo vencido los plazos señalados para ésta en cualquier procedimiento, como bien ha señalado tanto la doctrina de los Tribunales Constitucional (STS 188/2003 y 220/2003) como Supremo (de 4 de noviembre de 2000, entre otras muchas)".
La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, destacó ayer que a los ciudadanos también les preocupan los retrasos indebidos y la falta de medios de la Administración de Justicia, y destacó la existencia de un "reproche social" por el despilfarro del dinero público, que es "una de las causas determinantes de la crisis", que puede suponer el recorte de derechos sociales.
