El próximo 27 de septiembre está prevista la disolución de las Cortes españolas para dar paso a la campaña electoral del 20-N, lo que impedirá que muchos de los proyectos de ley etiquetados como prioritarios por el Gobierno acaben formando parte del sistema legal español.
No obstante, aún quedan tres Plenos en ambas Cámaras en las que se puede aprobar algunas de las 26 normas que conforman el calendario legislativo del Gobierno. Sin embargo, otras, como la Ley Integral para la Igualdad de Trato, la de muerte digna o la de creación de juzgados de Primera Instancia, no cuentan con fechas suficientes para terminar su tramitación parlamentaria.
Normas aún con opciones
Así, mañana martes 13 se debaten en el Pleno del Senado los dictámenes de las Comisiones sobre varios proyectos de ley, que entrarán en vigor antes del fin de legislatura.
En este paquete de normas se encuentran los tramitados por el Procedimiento de Urgencia, como la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social; la de integración del Régimen Especial Agrario en el General de la Seguridad Social; la de titularidad compartida de las explotaciones agrarias; la Ley General de Salud Pública; y la reforma de la Ley Concursal. Además, pasarán al examen del Pleno, otros dos proyectos, tramitados por el Procedimiento Ordinario, que son el de medidas de agilización procesal y el del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Quedan, por lo tanto, pendientes de aprobar las enmiendas a dos proyectos de ley del Cuerpo Nacional de Policía, sobre su régimen de personal y los derechos y deberes, que tienen previsto para mañana el fin del plazo de enmiendas y propuestas de veto, por lo que aún estarían en disposición de alcanzar alguno de los dos últimos Plenos.
Las que serán anuladas
Mucho más difícil, por no decir imposible, lo tienen los textos cuyo plazo de enmiendas se ha ampliado hasta los días 13, 14, 15 y 21 de septiembre en el Congreso. Aunque, algunos de ellos se están tramitando por el Procedimiento de Competencia Legislativa Plena, diversas fuentes parlamentarias consultas reconocen que resulta demasiado complicado que se pueda concluir su tramitación antes de la disolución de las Cortes.
La Ley de Contratos de Distribución es la única en proceso de debate de enmiendas al articulado y se tramita de Urgencia, pero el plazo de presentación de enmiendas está prorrogado hasta el 15 de septiembre, lo que hace prácticamente imposible que no decaiga con el final de la legislatura.
Otras medidas, ni siquiera han pasado de la fase de anteproyecto, como la Ley de atención al cliente de empresas que prestan servicios económicos de interés general o la de eficiencia energética y energías renovables. Entre las 26 señaladas por el Gobierno como prioritarias en su calendario legislativo, estas son las que no verán la luz:
Negociación colectiva
Otras de las grandes leyes de la legislatura, se encuentra en periodo de presentación de enmiendas a la totalidad del texto hasta el día 10 de septiembre, aunque la norma ya está en plena vigencia, puesto que el pasado 22 de junio, el Real Decreto Ley fue convalidado por 169 votos a favor, 159 en contra y 20 abstenciones (CiU y PNV). En la actualidad se tramita como proyecto de ley por el Procedimiento de Urgencia y la Comisión tiene Competencia Legislativa Plena.
La norma aspira a adaptar el sistema de negociación colectiva a las nuevas realidades empresariales que actúan en el mercado de trabajo español, incluyendo nuevas reglas de legitimación para la negociación de los convenios colectivos y para favorecer la flexibilidad interna negociada con los representantes de los trabajadores.
Mediación Civil y Mercantil
Ampliado su plazo de enmiendas en la Comisión de hasta el 13 de septiembre, el proyecto de Ley de Mediación Civil y Mercantil incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la mediación transfronteriza en asuntos Civiles y Mercantiles.
Su texto prevé que someterse a la mediación será voluntario, excepto en los procesos de reclamación de cantidad inferiores a 6.000 euros, en los que se exigirá el inicio de la mediación, al menos, mediante la asistencia a la sesión informativa gratuita, como requisito previo para acudir a los tribunales. Nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de mediación y la solicitud de inicio de la mediación interrumpe la prescripción o caducidad de acciones judiciales.
Servicios profesionales
Otra normativa prioritaria que se ha quedado en anteproyecto, en este caso desconocido en todos los ámbitos, es la Ley de servicios profesionales para mejorar la competencia, que entre otros la eliminación de algunos colegios profesionales para liberalizar las actividades.
Atención al cliente
Esta normativa se ha quedado en anteproyecto a pesar de que pretende mejorar los derechos de los consumidores al establecer para las grandes empresas que ofrecen servicios de interés general la obligación de disponer de un sistema eficaz para facilitar información, atender y resolver las quejas y reclamaciones ágilmente.
Persigue fijar un plazo máximo para que las empresas resuelvan las reclamaciones de sus clientes, y que la atención telefónica sea gratuita, ágil y personalizada. Además, trata de impedir que el servicio de atención al cliente proporcione ingresos adicionales a la empresa a costa del usuario o sea utilizado para ofrecer otros productos al cliente.
Igualdad de trato
El proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación responde a un compromiso electoral del Gobierno. En el texto se regula la discriminación de todas las personas, incluidas las jurídicas, y alcanza a los distintos ámbitos como empleo y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia; acceso, promoción, condiciones de trabajo y formación en el empleo público; empresariales y profesionales; educación o asistencia sanitaria, entre otros muchos.
La nueva norma contempla la creación de un órgano independiente, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que prestará asistencia a los afectados y promoverá fórmulas de mediación o conciliación entre las partes.
Telecomunicaciones
El abandono de la tramitación del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones a parte de suponer un retraso en su aprobación podría originar un expediente sancionador por parte de Bruselas que puede acabar en una multa por el reiterado retraso en su entrada en vigor. Este texto incorpora al ordenamiento jurídico interno las directivas europeas integradas en el Paquete Telecom aprobado en noviembre de 2009.
Crea un marco más adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación y promueve un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico. Además, establece que la portabilidad deberá realizarse en el plazo de un día laborable. El proyecto también modifica las funciones y el funcionamiento de los organismos reguladores, reforzando las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
Protección a la infancia
La polémica reforma del Código Civil para evitar que una persona condenada por maltrato continúe manteniendo la patria potestad, se ha quedado en un simple anteproyecto de ley, al igual que Ley la actualización de la legislación sobre protección a la infancia, que tiene como objeto introducir los cambios necesarios que permitan la mejora de los instrumentos de protección jurídica de los menores, a los efectos de continuar garantizando a los mismos una protección uniforme en todo el territorio del Estado. Para ello, se procede a la modificación de las principales leyes que regulan las instituciones para la protección de los menores.
Final de la vida
La Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida tiene plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad hasta el día 13 de septiembre. Por la materia que regula, se ha convertido en una de las más polémicas de la legislatura.
El proyecto establece que las personas que se encuentren en estado terminal o de agonía tendrán garantizado el derecho a que se respete su voluntad sobre los tratamientos a recibir en el final de su vida. Para ello, la Ley garantiza también el derecho previo a la información sobre el estado real de salud.
A su vez, el cumplimiento de la voluntad del paciente sobre los tratamientos que tenga que recibir, con arreglo a la Ley, excluirá cualquier exigencia de responsabilidad de los profesionales sanitarios por sus correspondientes actuaciones.
Supervisión de los seguros
El plazo de enmiendas a la totalidad concluye el 19 de septiembre. Tiene por objeto la incorporación del Derecho comunitario en materia de seguros y la adaptación normativa al desarrollo del sector asegurador. Incorpora la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).
Determina un nuevo sistema de supervisión con el objeto de fomentar la mejora de la gestión interna de los riesgos por las entidades y fija las exigencias de información y transparencia hacia el mercado sobre los aspectos claves del perfil de los riesgos asumidos por las entidades y su forma de gestión.
Juzgados de Instancia
El proyecto que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia, que se configurarán como el órgano de organización colegiada que agrupará, en sus respectivas secciones especializadas, a los jueces de los distintos juzgados existentes en un partido judicial.
Los Tribunales de Instancia sustituirán de manera progresiva a los órganos judiciales unipersonales, tal y como se conocen hasta ahora, para crear una nueva organización.
Otras normas prioritarias
Entre las normas urgentes que se han quedado en el proceso de elaboración del anteproyecto destacan la de Calidad y sostenibilidad del medio urbano; la de Gobierno Local, que debería haber adaptado la normativa de las Entidades Locales; La Ley de eficiencia energética y energías renovables; La Ley de Reforma sobre Consejos Territoriales; y la Ley del Mecenazgo.
Mientras, quedan atascados otros proyectos que no entraban en el calendario gubernamental los proyectos de captación de los mercados por los concesionarios de obras públicas; la de ordenación de los Transportes Terrestres; Inspección de Trabajo, Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas; funcionamiento de la cadena alimentaria; del sector eléctrico; navegación marítima, de pesca sostenible; de Hidrocarburos.
Contratos de Distribución
Este proyecto del Ley de Contratos de Distribución se presenta como un instrumento jurídico mediante el cual, con una única ley de alcance general para todo el sector, se adecua el marco jurídico a las modernas formas de distribución y a los modelos de negocio del mercado, sin obstaculizar el desarrollo y evolución del tráfico mercantil. La nueva normativa tiene un carácter horizontal, a pesar de la marcada heterogeneidad en características y peso relativo en la economía de todos los subsectores a que se debe aplicar.
