"Los notarios tenemos el firme convencimiento de que el sistema de oposición ha sido y sigue siendo el método mejor y más subjetivo para asegurar la adecuada selección de personas que tienen que demostrar la capacidad técnica necesaria para el acceso a la profesión", afirmó ayer Joan Carles Ollé, decano del Colegio de Notarios de Cataluña y vicepresidente del Consejo General del Notariado.
Preguntado sobre los deseos de cambio de la Generalidad, que anunció la consejera de Justicia catalana, Pilar Fernández i Bozal, Ollé remarcó que es imprescindible que se mantenga el sistema de oposición. Sin embargo, señaló estar convencido de que en las palabras de la consejera no se puso en duda el sistema de oposición, sino que la idea que planteó pudo referirse a un refuerzo en la preparación para que los aspirantes obtengan el master de postgrado exigido por Bolonia para ejercer la abogacía, en el caso de que suspendan el examen.
El decano se refirió también a la necesidad de revisar la actual demarcación de notarías y registros, que se diseñó en 2005, y que en la actualidad, como consecuencia de la situación de crisis mantiene notarías y registros vacantes en toda España. Ollé, indicó que suscribía el deseo mostrado por Fernández i Bozal en su intervención en el XI Congreso del Notariado que se celebra en Sitges (Barcelona).
En la sesión de ayer intervino el exvicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, quien destacó el esfuerzo tecnológico realizado por el colectivo notarial desde 2001, en contraposición a otros sectores de actividad y agentes jurídicos y eco- nómicos. Este esfuerzo, aseguró, ha servido para inculcar mayores grados de transparencia, eficacia y agilidad en el tráfico mercantil.
Sobre la salida de la actual crisis económica aseguró ser "optimista, aunque todavía habrá un tiempo de bajo crecimiento, pero tenemos gente más preparada, empresas mejores que las que teníamos".
El notario sevillano, Francisco José Aranguren, por su parte, afirmó ayer que "poner la intervención notarial y registral al mismo nivel que los meros trámites administrativos o fiscales es desconocer el valor que añade el doble control de nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva".
El catedrático Jesús Alfaro abogó por la validez, ante la conducta del socio frente a la sociedad, de los pactos por los que la prestataria y los accionistas se obligan a no acordar reparto de dividendos, reducciones de capital, y emisión de obligaciones, entre otras medidas.
La legítima "se adaptará a las exigencias sociales"
