Los contribuyentes españoles no mejoran en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. O, al menos, así lo estiman los propios ciudadanos: la mayor parte de ellos -en total, un 57 por ciento- está convencido de que el grado de cumplimiento fiscal no es mejor hoy que hace una década, frente a un 43 por ciento que cree que el grado de compromiso ha aumentado. La opinión pública ha sido más optimista durante el último año, pero poco.
Es una de las conclusiones extraídas del último Informe sobre opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2010, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, en el que se recoge la opinión de los ciudadanos sobre aspectos como la relación entre los impuestos y la oferta pública de servicios y prestaciones, el comportamiento de los contribuyentes de cara al cumplimiento de sus obligaciones fiscales o la imagen corporativa de la Hacienda Pública. Además, el estudio abarca aspectos relacionados con la financiación local.
Menos cumplimiento fiscal
Las opiniones vertidas en cuanto al cumplimiento fiscal no han hecho sino empeorar desde 1998, aunque con algunos repuntes: en aquel año un 86 por ciento de la población estaba de acuerdo en que el cumplimiento mejoraba, tendencia que ha ido decayendo, si bien el pasado año la opinión sobre este aspecto fue aun peor que en el 2010: en 2009, el 39 por ciento mantuvo una visión negativa sobre la evolución del cumplimiento con las obligaciones fiscales, frente al actual 43 por ciento.
Para superar este escaso cumplimiento, hay ciertos puntos que, para los encuestados -en total, el estudio se basa en 1.500 entrevistas-, garantizan el efectivo cumplimiento de los contribuyentes. Así, las retenciones salariales, el control ejercido por la Inspección de Hacienda y la moral fiscal o conciencia cívica de los contribuyentes (por ese orden) son los tres pilares clave para sujetar mejor al contribuyente. La estadística revela que el principal factor de control es la retención de parte del sueldo, al atribuírsele a este parámetro un grado de influencia de 3.1 puntos en una escala del 1 al 4.
Se trata de una opinión que se ha mantenido constante durante los últimos años, con alguna que otra escasa variación. Y es que, en general, siempre se considera más relevante la obligación impuesta por la Administración -de la que el trabajador no puede escapar-, que el temor a una Inspección o que, por supuesto, la influencia de la propia moral del contribuyente, considerada siempre como el factor menos influyente para los encuestados. Sólo en el año 2000 se consideró más importante la labor de inspección de Hacienda que las propias retenciones.
Más fraude que incumplimiento
En cuanto al fraude fiscal -los ciudadanos parecen entender por fraude un incumplimiento fiscal de mayor gravedad-, la opinión pública es más estricta: un 72 por ciento está convencido de que ha aumentado en los últimos diez años, frente al 28 por ciento que ve una evolución en positivo de este parámetro. Se constata, sin embargo, que las opiniones sobre este punto son algo dubitativas. Tras un incremento progresivo y constante de la percepción de disminución del fraude, que se mantuvo entre los años 1995 y 1999, llega un periodo que comienza en 2001 y que vuelve a las posiciones negativas, alcanzándose en 2009, con la llegada de la crisis, en los niveles más bajos de la serie. En 2010, sin embargo, parece sentarse una leve tendencia alcista.
De la comparación de las estadísticas sobre cumplimiento fiscal y fraude se percibe una pauta algo contradictoria, ?como si la ciudadanía no percibiera que cumplimiento y fraude son las dos caras de una misma moneda?. Ambos parámetros se encuentran lejos de coincidir a nivel de esta estadística, aunque también se comprueba que los dos puntos se acercan cada vez más, lo que podría sugerir que la tradicional percepción contradictoria en relación con el cumplimiento fiscal podría estar desvaneciéndose, a costa de una tendencia a la baja en la percepción de mejora del cumplimiento fiscal, y de unmayor pesimismo en cuanto a la disminución del fraude.
Sin embargo, aunque persisten los engaños a Hacienda, e incluso los casos de notorio incumplimiento fiscal, los ciudadanos creen que, en general, el pago de los impuestos se realiza de un modo bastante correcto (59 por ciento) frente a los que opinan que el fraude fiscal es una conducta generalizada entre los contribuyentes españoles (un 41 por ciento).
Sobre este punto hay un pesimismo mayor entre los empresarios, mientras que en el sector de los inactivos, la idea de la corrección frente al fraude generalizado está en una proporción algo superior al resto de colectivos.
¿Quiénes defraudan?
Si los propios empresarios son negativos en cuanto al grado de fraude, la misma percepción mantienen el conjunto de ciudadanos sobre la gestión fiscal de este concreto sector. La encuesta revela que el colectivo de empresarios es, con diferencia, el peor valorado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias: lo opina un 40 por ciento del total. Le siguen, aunque de lejos, quienes ejercen profesiones liberales (el 19 por ciento cree que son los que más defraudan) y los autónomos (11 por ciento).
Destaca además la mención espontánea por parte de los encuestados a categorías que no aparecen en el estudio y que se han clasificado como ?otros? genéricamente, pero que abarcan sectores como la construcción, las mafias, los políticos, los extranjeros, los inmigrantes, la banca, los famosos, las bajas por enfermedad, los parados o los funcionarios.
Además, aquellos colectivos a quienes se atribuye una conducta más deshonesta, por otro lado, también entonan el mea culpa: entre los empresarios, más de una cuarta parte de ellos opina que su colectivo es el que más defrauda. Una proporción que se eleva considerablemente en el caso de los demás segmentos. Los inactivos y los asalariados son los más críticos con las empresas (54 y 42 por ciento respectivamente).
La falta de honradez y conciencia cívica es, por otro lado, la principal causa de fraude fiscal en nuestro país -lo cree así un 28 por ciento-, si bien hay otros motivos: una excesiva carga impositiva (19 por ciento), o una ineficaz lucha contra el fraude (18 por ciento) son otras de las principales causas. En general, las causas morales son las más alegadas por los encuestados, y a ellas le siguen las causas económicas (presión fiscal excesiva o necesidad de trampear para salir adelante).
La culpa administrativa (impunidad de los grandes defraudadores e ineficaz lucha contra el fraude) es el tercer motivo. Por último, el 63 por ciento de los entrevistados no encuentra justificación alguna al fraude fiscal, mientras un 37 por ciento justifica de algún modo la conducta defraudadora: son las circunstancias las que obligan
a defraudar (28 por ciento),mientras que para un 9 por ciento ?no normal es evadir los impuestos?.
La oferta pública aprueba
El estudio se centra, además, en analizar la percepción que los ciudadanos tienen con respecto a la oferta pública que obtienen del pago de sus impuestos. Una opinión que concede a la Administración un aprobado raspado, teniendo en cuenta que la nota media es de un 2,7 sobre cuatro puntos.
Sin embargo, la distribución por servicios o prestaciones no se reparte de forma igualitaria. La dotación de infraestructuras y los servicios sociales son los sectores que más contentos tienen a los contribuyentes, que les dan una nota de 2.9 puntos a cada uno. Le siguen la sanidad, la educación y los transportes (todos con un 2,8) y suspenden, aunque por poco, las pensiones de enfermedad e invalidez y el seguro de desempleo (2,4 puntos).
Las pensiones de jubilación se quedan en el centro, con 2,5 puntos. De la estadística se desprende, además, que la oferta pública de servicios y prestaciones tiene que mejorar (2,8) porque parece haberse estancado en los últimos cinco años (2,5). Pero, sobre todo, destaca el hecho de que la opinión pública da un suspenso a la relación entre presión fiscal y oferta pública, y también a la contribución a la redistribución de la riqueza (2,4 en los dos casos).
Por todo ello, no justifica el pago de impuestos. Sin embargo, también se matiza que los abusos de usuarios de los servicios públicos o de los beneficiarios de prestaciones sociales son, en parte, responsables de esta situación (2,6), aunque dicha responsabilidad recae especialmente en la propia Administración, que no gestiona la oferta pública de servicios y prestaciones de manera correcta (2,2).
Por último, aunque ningún servicio público se considera inútil o innecesario, la iniciativa privada suscita aún más dudas para los encuestados, tanto en lo referente a la gestión como en lo relativo a la financiación de los diferentes servicios y prestaciones (1,6 en ambos supuestos). Esta tendencia, además, se ha venido consolidando con el tiempo: cada vez menos personas optan por la financiación y la gestión privada, opinión negativa que, paradójicamente, ha crecido durante los años de crisis. La sanidad es, además, el servicio con mayor margen demejora, al que le siguen las infraestructuras.
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