"En la Unión Europea (UE) está abierto el debate sobre el futuro de la legítima en las sucesiones, pero estamos convencidos de que no va a desaparecer de los Códigos de Derecho de los Estados miembros", afirmaron ayer a elEconomista Manuel López Pardiñas y Joan Carles Ollé Favaró, flamantes presidente y vicepresidente del Consejo del Notariado, elegidos el pasado 8 de agosto, tras la dimisión de su antecesor, Javier Guerrero.
A este respecto, explicaron que la propia realidad del derecho en España favorece una serie de soluciones diferentes y no deben darse cambios de 180 grados, sino que debe darse un cierto gradualismo, puesto que es una institución que protege a la familia, y lo lógico es que primero se debata una reducción de la legítima, en función de cómo evolucione la sociedad.
Existen soluciones como la del Código Napoleónico, vigente en el Código Civil; legítimas colectivas como las del País Vasco, Aragón y Cataluña; o sucesiones sin legítima como en el derecho foral navarro. Este debate, sin embargo, no supondrá un incremento en el número de testamentos otorgados en España, puesto que se trata de una actuación que gracias a su precio social (36 euros), es absolutamente ventajosa para el ciudadano.
Esta situación hace innecesarias campañas de fomento del testamento como la que las autoridades y los colegios notariales de varios estados mexicanos (como Sonora y Baja California) están llevando a cabo a través de lo que llaman el Mes del Testamento, con una rebaja de los aranceles del 50 por ciento.
Para López Pardiñas, en España es tan barato y da tanta seguridad jurídica, "que no creo que nadie deje de otorgar testamento por lo que cuesta. Incluso, hay épocas del año como antes de salir de vacaciones que se incrementa su número".
Pactos sucesorios
También se mostraron ayer partidarios de fomentar el debate sobre los pactos sucesorios con efectos después de la muerte, que podrían convertirse en herramientas importantes para ayudar a mantener la empresa familiar. Los derechos forales, como el vizcaíno, siempre han visto conmayor simpatía este tipo de pactos, que dan mucho juego en la empresa.
Pero, sin duda, la mayor de las prioridades normativas de la nueva cúpula notarial va a ser la vindicación de que se regule por ley el control de legalidad de los notarios que, si bien se ha convertido en una realidad en la actuación habitual en el día a día de las oficinas notariales, una sentencia del Tribunal Supremo suspendió su regulación en el Reglamento Notarial, al considerar que esta facultad de los fedatarios debería recogerse en una ley y no en un reglamento.
No obstante, la Ley 2/2009, de 31 de marzo, que regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios, ya recoge en su articulado esta función notarial, tal y como ocurre en el proyecto de orden que actualmente ultima el Ministerio de Economía para aumentar las obligaciones de información de los clientes de las entidades financieras.
Oficinas notariales
Para López Pardiñas, se trata de una normativa muy positiva para los ciudadanos, que va en la línea de la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios de 1994. "Me parece bien que se insista en que el lugar habitual en que se firmen las escrituras sea en la oficina notarial. Se contempla la función del notario como garante de la parte más débil en el negocio", añadió al respecto.
Joan Carles Ollé Favaró, por su parte, insistió en que "es muy importante que la sociedad sepa que existe esa información previa que les puede facilitar el notario. Ahora en la UE se insiste mucho en esta función notarial y estamos muy satisfechos de que se haga así".
La nueva Junta se impone como objetivos prioritarios de su actuación la democratización de las decisiones de los decanos en los Plenos del Consejo, intentando lograr los acuerdos por unanimidad, y ponen un especial énfasis en los aspectos económicos en los que hace referencia el despacho notarial, como consecuencia de la situación económica y de la rebaja del arancel.
Con ello, se trata de mantener a todo el personal, que supone cerca de 16.000 empleados en España. Además, mantendrán las grandes líneas de fondo de lo que ha sido hasta ahora la Corporación, como son la defensa de la función notarial y del principio de legalidad, potenciación de la colaboración con las Administraciones Públicas en la prevención del blanqueo de capitales y en la lucha contra el fraude fiscal y la máxima apuesta por el proyecto tecnológico del notariado, que se ha convertido en una de las principales herramientas de prevención en la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra
el fraude fiscal.
Nuevo presidente de los notarios
