A pesar de las múltiples voces discrepantes, finalmente se confirma: el fiscal será el encargado de dirigir la investigación penal. El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hoy se remite al Consejo de Ministros para su aprobación, incluye la figura del fiscal responsable de la investigación, que será el encargado de dirigir las diligencias preliminares en caso de sospecha de comisión de un delito.
Frente a las advertencias de los riesgos para el sistema de los poderes públicos, ya que este Ministerio Público depende del Ejecutivo, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, argumentó ayer que "no es razonable que el juez que investiga posibles hechos delictivos sea quien decida sobre las diligencias previas, monopolizando toda esta primera fase del proceso penal, y provocando un desequilibrio de poderes". Señaló el ministro, respecto de esta dependencia jerárquica que, es "irrenunciable que la Fiscalía tenga una unidad de acción y sea coherente con la persecución de un delito, llevando a cabo una acción coordinada".
Ahora bien, explicó el titular de Justicia que, en todo caso, los actos del fiscal serán controlados por el llamado juez de garantías, que autorizará la investigación. "Un juez neutral que no está implicado en la investigación", explicó Caamaño, que tendrá potestad para autorizar, e incluso pedir al fiscal la realización de determinados actos a petición de los implicados, garantizando así su derecho de defensa.
El fiscal tendrá, además, un tiempo para investigar (12 meses como máximo salvo causas justificadas), frente a "interminables investigaciones de hoy en día".
Finalmente, será el denominado juez de la audiencia preliminar quien, a la vista de la investigación, decidirá iniciar o no el proceso penal que se llevará a cabo ante otro tribunal. Por todo ello, para el titular de Justicia, no se trata de una "mera reforma, sino de un nuevo modelo del proceso penal", que deja atrás "un sistema parcheado que responde a una lógica antigua".
La incorporación de un estatuto jurídico de los derechos de las víctimas o el derecho a la doble instancia penal son otras de las novedades del anteproyecto. Asimismo, se regula la relación abogado y cliente, la mediación penal, la conformidad o la responsabilidad civil vinculada a los delitos. El anteproyecto de Ley Orgánica, que regula los derechos fundamentales vinculados al proceso va acompañado de otro anteproyecto de Ley Ordinaria.
