El sistema de Asistencia Jurídica Gratuita prestó servicio a casi 1,7 millones de personas en 2010, lo que supuso unos costes para las Administraciones Públicas de 256 millones de euros, según los datos del V Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (Cgae) y la editorial La Ley.
Este gasto supuso un coste de 154 euros por ciudadano atendido, incluyendo asistencia las veinticuatro horas del día, durante los 365 días del año, "lo que ha convertido este dinero en una inversión, en un plan social", comentó Carlos Carnicer, presidente del Cgae.
Censuró que las comunidades autónomas "hagan presupuestos claramente deficitarios, lo que es inconcebible en un Estado democrático" y denunció su "desinterés" en este servicio.
Andalucía fue la autonomía con mayor población asistida (más de 380.000 personas), seguida de Cataluña (más de 280.000), Madrid (más de 277.000) y Valencia (más de 176.000 ).
La disminución del coste ha tenido mayor reflejo en las comunidades con más inversión en Justicia Gratuita. En Cataluña y Valencia los gastos han descendido un 10 por ciento; en Madrid, un 9 por ciento; en Andalucía, un 3 por ciento y en Canarias, un 16 por ciento. Igual sucede en las sedes colegiales más importantes. Los costes del Colegio de Abogados de Madrid bajan un 10 por ciento; los de Barcelona, un 15 por ciento; los de Valencia, un 16 por ciento; los de Málaga, un 17 por ciento y los de Las Palmas, un 7 por ciento. Para Carnicer, se trata de un efecto de la crisis económica, puesto que muchos emigrantes, que eran usuarios de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio han retornado a sus países.
El número de asuntos de Justicia Gratuita tramitados ascendió a casi 1.600.000, siendo el coste medio por tramitación de 160 euros. Por servicio, más de 871.000 asuntos corresponden al Turno de Oficio, mientras que más de 666.000 pertenecen a la Asistencia Letrada al Detenido. El servicio de Violencia de Género dio lugar a más de 61.000 asuntos.
Entre las recomendaciones del Comité de Expertos incluidas en el Observatorio, se encuentran la necesidad de racionalizar los recursos dedicados a violencia de género y la gratuidad universal a estas víctimas en los primeros trámites; impulsar la implantación del Servicio de Orientación Jurídico Penitenciaria; o asegurar las garantías jurídicas para la defensa de las personas extranjeras.
