
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avanzó ayer que tanto los concursos de acreedores como los de lanzamiento -ejecución de sentencias de desahucio- presentados ante los órganos judiciales han crecido durante este primer trimestre de 2011, respecto del mismo periodo de 2010.
En concreto, el incremento ha sido de un 10,9 por ciento en los concursos y un 36,3 por ciento en los desahucios -que alcanza su máximo histórico- según señaló Miguel Carmona, responsable del área de estadística judicial del CGPJ, durante la presentación del informe La Justicia dato a dato, que mide la actividad de la Justicia durante el año 2010.
Explicó que en los supuestos de desahucio, el incremento se debe a que "este ejercicio contempla la fase de ejecución de la sentencia que se arrastra de años anteriores", al tiempo que señaló que "el dato más preocupante es que el número de despidos presenta un aumento acusado". No obstante, los embargos (-31 por ciento), las ejecuciones hipotecarias (-21), y los procesos monitorios (-10,3 por ciento), presentan una tendencia descendente en este primer trimestre.
Respecto a 2010, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, señaló que descendió, por primera vez en los últimos años, el número de asuntos llegados a los juzgados y tribunales. Fueron 9.355.000, un 2,2 por ciento menos que en 2009, cuando ingresaron 9.567.000. Un "dato significativo", a juicio de la portavoz, "toda vez que tanto en 2008 como 2009 el crecimiento de asuntos fue especialmente elevado". También destacó Bravo que durante 2010, "se frenó drásticamente el crecimiento de los procesos monitorios, que aumentaron apenas un 4,5 por ciento, frente al incremento de 2009, que fue de un 32 por ciento".
Por otra parte, señaló que, "frente a una imagen estereotipada de que la Justicia española es lenta", los datos demuestran lo contrario, ya que "la duración media de un proceso judicial, en la primera instancia, está en torno a sólo cuatro meses, cinco en el caso de la segunda instancia, y un año en el caso del Supremo". Además, "la tasa de confirmación de las resoluciones de primera instancia está por encima del 94 por ciento", dijo.
Finalmente, apuntó la necesidad de dotar a la Justicia de más medios, -ni Estado ni autonomías superan el 0,4 por ciento de sus productos interiores brutos en inversión para Justicia-, al tiempo que apeló a cambios estructurales para superar "las graves deficiencias históricas en la Justicia".