Existen graves dificultades procesales a la hora de recabar los datos de posibles afectados de infracciones de competencia por parte de las empresas para llamarles a que se sumen a acciones legales colectivas, según denunciaron ayer varios expertos del mundo de la Justicia durante la jornada relativa a Las acciones judiciales colectivas en defensa de los consumidores, organizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Ángel Vicente Illescas, reclamó que en materia de petición de datos en diligencias preliminares, para individualizar a los sujetos resarcibles en una acción colectiva, si estos se hayan en posesión del sujeto contra quien se va a interponer la demanda "debería ser un deber ineludible que los faciliten, si es un juez quien lo solicita, con independencia de que haya o no presunción delincuencial".
En la misma línea, el director de los servicios jurídicos de Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), Agenor Gómez, criticó una Ley de Protección de Datos demasiado estricta, al tiempo que denunció los fallos contradictorios de distintas secciones de una misma Audiencia Provincial, en orden a establecer o no la exigencia "de ofrecer visos de prosperabilidad de la acción".
Defensa preventiva
Por otro lado, Illescas explicó que las acciones de carácter colectivo deben sustanciarse a través del procedimiento verbal por lo que mostró su preocupación "por la reciente Ley de Medidas de Agilización Procesal que suprime todo recurso de apelación para estos procesos".
Por su parte, la subsecretaria de Justicia, Purificación Morandeira, apeló a una efectiva legitimación activa de las organizaciones de consumidores así como a la participación activa del Ministerio Fiscal en las acciones colectivas, con el fin de "configurar un derecho de protección eficaz teniendo en cuenta la situación de desequilibrio entre ciudadanos y empresas".
En la jornada, se reclamó, asimismo, la necesidad de potenciar una defensa preventiva del usuario en materia de calificación registral. Así, Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil, apuntó las dificultades de los registradores a la hora de calificar una cláusula de abusiva, a efectos de su inscripción, "aún cuando existe una sentencia firme que las declare nulas".
Instrumento europeo
También intervino en la jornada Augusta Maciuleviciute, de la Organización Europea de Consumidores, que apeló a "un instrumento vinculante a nivel europeo que garantice acciones colectivas tanto para casos nacionales como transfronterizos".
Eddie De Smijter, miembro de la Comisión Europea, se sumó a la necesidad de que Europa intervenga, si bien, dijo, "determinando las salvaguardas necesarias para evitar toda posibilidad de litigación abusiva, como la que existe en Estados Unidos". Lamentó, además, "que sólo 14 de los 27 países de la Unión Europea contemplen sistemas de acciones colectivas". Algo, dijo, que se traduce en un problema de derecho de acceso a la Justicia, "al privar de la posibilidad de ser compensados a quienes han sido per- judicados por infracciones de competencia".
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