Economía/Legal.- El juez Pablo Ruz estudiará la querella contra la familia Ruiz-Mateos por estafa en Nueva Rumasa

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, estudiará la admisión a trámite de la querella presentada por un grupo de inversores contra el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades del holding, según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Ruz será el encargado de determinar se existen indicios de los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delito contra los intereses de los consumidores, descritos en la querella presentada por 60 inversores en pagarés de Nueva Rumasa, representados por Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados.

Antes de admitir a trámite la querella y abrir diligencias de investigación contra la familia Ruiz-Mateos, lo más probable es que el juez pida un informe a la Fiscalía para valorar los hechos descritos por los inversores.

Una vez abierta la investigación, el resto de inversores en pagarés (5.000 en total) podrán adherirse a la querella y ser parte del proceso. Los querellantes, que suman inversiones en pagarés por valor de unos diez millones de euros, plantean además la responsabilidad civil subsidiaria del Estado por los daños y perjuicios sufridos.

Vicente Tovar, abogado de la firma andaluza, considera que en las campañas para captar inversiones particulares puede existir un engaño en la "apariencia" de holding que la familia da a su grupo de empresas, dado que en las emisiones de pagarés responden solo las sociedades emisoras y no el grupo Nueva Rumasa, que no existe como tal, algo que, según afirma, no se detalla en la publicidad.

Según explica Tovar, magistrado en excedencia, la propia familia Ruiz-Mateos refleja en las cartas que hizo públicas al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que "todo es una especie de montaje" y que descartaban crear un holding para evitar una nueva expropiación.

Además, el despacho entiende que, al lanzar las emisiones, puede haber habido conciencia de que no se van a poder pagar, y en este sentido recuerda que algunas de las sociedades emisoras se encuentran actualmente en concurso de acreedores.

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