El Tribunal de Justicia de la UE introdujo ayer un soplo de aire fresco en los arcanos, corporativistas y añejos usos de las profesiones reguladas. Para ello se sirvió de la polémica Directiva Servicios que, adoptada en 2006 tras una dura negociación entre los 27 países del club comunitario y en vigor desde 2010, pretende impulsar la liberalización y la competencia en la prestación de servicios.
La Gran Sala del Tribunal comunitario dictó una sentencia este martes 5 de abril de 2011 según la cual "procede interpretar el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en el sentido de que se opone a una normativa nacional que prohíbe totalmente a los miembros de una profesión regulada, como la de auditor de cuentas, efectuar actos de captación directa de clientes".
Código deontológico
La sentencia viene motivada por el caso concreto del código deontológico francés de los auditores de cuentas, que prohíbe a los miembros de esta profesión cualquier acto de captación directa de clientes: toda gestión ante un tercero que no la haya solicitado, destinada a proponer a éste último sus servicios. La participación en coloquios, seminarios u otras manifestaciones universitarias o científicas está autorizada si no se asocia a actos asimilables a la captación directa de clientes.
La solicitud de anulación de esta norma, por ser contraria a la conocida como Directiva Servicios, llegó a la Justicia francesa. Y ésta la remitió a la comunitaria con el resultado ayer conocido.
La Directiva Servicios tiene el objetivo de establecer un mercado de servicios, libre y competitivo, para fomentar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en la UE. Para ello prevé eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de servicios entre los Estados del bloque. Obstáculos como las prohibiciones totales, en el caso de las profesiones reguladas, de realizar comunicaciones comerciales para promocionar, directa o indirectamente, bienes, servicios o la imagen de una empresa.
La Directiva también intenta proteger los intereses de los consumidores, mejorando la calidad de los servicios en el caso de las profesiones reguladas en el mercado supuestamente único europeo.
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