MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
Adicae ha acusado al Tribunal Constitucional (TC) de actuar de forma "arbitraria" para amparar al BBVA frente a los intereses de los cerca de 18.000 clientes de la entidad de contratos de intercambio de tipos de interés, los llamados 'swaps', al anular la entrega los listados a la asociación, según informa Adicae en un comunicado.
La asociación anunció que se personará en el recurso de amparo presentado por el banco y pedirá la nulidad de la suspensión cautelar de la entrega de los listados, que había decretado el Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid dentro del trámite de una demanda colectiva por presunta comercialización indebida.
Adicae considera que la actuación del TC "carece de precedentes" por la rapidez de la resolución y porque "ignora" la Ley Orgánica que regula su propia actuación, así como la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica de Protección de Datos.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, señaló "la sorprendente y parcial" intervención del TC en este caso y destacó que existen "evidencias de una grave falta de adecuación de la misma a los preceptos que rigen su actuación". La asociación ha convocado asambleas de afectados por 'swaps', clips y cláusulas suelos en toda España para informar sobre esta situación "de infensión".
Pardos añadió que con esta resolución "no se tiene en cuenta la grave perturbación que su actuación conlleva a un interés constitucionalmente protegido, como el de los derechos e intereses económicos de los consumidores, ni la previsión que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contempla en este sentido en su artículo 56.2".
El TC ha suspendido la entrega de los listados a Adicae al aceptar el recurso de amparo presentado por BBVA que alegaba una posible vulneración de la protección de datos personales y la necesidad de evitar que la asociación pudiera hacer uso fraudulento de los mismos.
El artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) avala la entrega de estos listados en las demandas colectivas con el objetivo de que los consumidores puedan conocer la existencia del proceso judicial y adherirse a él.
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