La Liga de Fútbol Profesional (LFP) considera que el nuevo borrador del anteproyecto de regulación del juego, sometido a trámite de audiencia pública el pasado 30 de diciembre de 2010 y hasta hoy, provoca un recorte de sus derechos, por lo que reconoce mantener "profundas discrepancias" con respecto a su contenido.
Durante la presentación de sus alegaciones al borrador, la LFP, responsable de la organización de sus competiciones (Liga BBVA y Liga Adelaante), así como de su explotación comercial en el sentido más amplio, estimó que todas las disposiciones del anteproyecto tienen un denominador común: la limitación de los derechos existentes o la negación de los que pudieran corresponderle.
"Si esta línea se mantiene la posición de la LFP que se anuncia desde este momento es la iniciar toda clase de acciones para preservar sus derechos y para evitar que utilicen sin contraprestación -o con contraprestación manifiestamente insuficiente- los derechos relativos a sus competiciones por empresarios públicos o privados para la gestión de sus propios negocios", afirma la organización a través de una nota de prensa.
Respecto a las apuestas deportivas, la Ley debe establecer un retorno a las entidades organizadoras, como sucede en otros países europeos. Y respecto a la Quiniela debe, cuanto menos, partirse de la situación actual para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la LFP.
Quinielas
El anteproyecto atribuye al Gobierno la capacidad de decidir cuándo se termina el retorno de la quiniela a la LFP lo que sitúa a la Liga en "un panorama de incertidumbre realmente difícil".
En la redacción actual el borrador altera derechos consolidados de los que la LFP no podrá hacerse responsable, por lo que la Liga anuncia su intención de revisar, denunciar y rescindir cualquier obligación asumida con arreglo a la normativa actual que no pueda ser mantenida con los ingresos procedentes de la recaudación "recortada".
De antemano, se indica que, "según nuestros cálculos, sólo podremos atender el pago del préstamo con el que se liquidó el Plan de Saneamiento y, eventualmente, algunas obras para la mejora de la seguridad sin poder hacer frente al resto de obligaciones que se contienen en las normas y muy específicamente las que provocaron la reforma de 2010 para encontrar un sistema de garantía con los deportistas profesionales".
Posibles soluciones
La LFP afirma que no hay más que dos soluciones posibles: por un lado, admitir acuerdos entre organizadores y licenciatarios para establecer compensaciones; o, por otro, que el Estado admita este "expolio" y que establezca algún retorno para quienes prestan su actividad y su organización a un negocio ajeno.
Si las matizaciones anteriores no se aplican, el anteproyecto incitaría deliberadamente a los empresarios de las apuestas a realizar conductas claras de competencia desleal, expresamente prohibidas por el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia Desleal que califica como tal "el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado".
El Gobierno deberá decidir el mercado del juego 
