La futura Ley del Juego permitirá la entrada de nuevos operadores en el mercado español, tal y como exige el proceso de liberalización del mercado comunitario impuesto por la Comisión Europea.
Con su entrada en vigor, España estará obligada a separar el órgano regulador de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con el operador de los juegos públicos. Se trata de acabar con la actual situación de alegalidad, que permite que pueda desarrollarse juego online ilegal.
El primer paso será que LAE se constituya en sociedad mercantil de titularidad pública, en una sociedad estatal. Por tanto, su objetivo será obtener la mayor rentabilidad posible. Así, ésta, junto con la duración de la concesión, serán las claves del precio a obtener por la venta de parte de las acciones.
El precio más interesante
Sin embargo, para obtener un precio interesante no podrá iniciar esta operación de privatización hasta que se conozca de antemano la extensión de las licencias que va a conceder el Estado (tipos de juegos, capacidad de creación de otros nuevos o modificación de los iniciales), el régimen comercial, la forma de pago de las cuotas, los impuestos a pagar por, y si se van a producir más licencias y en qué número, datos fundamental es para valorar la competencia que habrá que afrontar en el mercado español, según afirma un estudio sobre este procedimiento privatizador realizado por el Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III.
No obstante, el informe añade que la lotería española goza de un atractivo importante como para que la colocación en bolsa de las acciones no presente ningún problema, por más que éste no sea el mejor momento económico.
El proceso podría conceder al nuevo operador todos los productos para comercializar, tal y como ocurre en el Reino Unido, o separarlos en grupos, como en Italia.
La actual legislación española y europea conceden un amplio margen al Gobierno para que pueda vender las acciones de la futura sociedad operadora, bien directamente en bolsa, a través de un proceso negociado para constituir un núcleo duro o de ambas formas.
El proceso partiría de convertir a LAE en una operadora con forma de sociedad anónima, cuyas acciones se sacarían al Mercado de Valores de manera progresiva.
El ejemplo más próximo es el de Aena, que debe afrontar la separación de la regulación aérea de las operaciones aeroportuarias con una problemática semejante.
La legislaciones española y comunitaria permiten varias posibilidades para privatizar la compañía, además de la predilecta del Gobierno, que es la venta de las acciones de la sociedad pública operadora previamente constituida.
Otras opciones sociales
Una sería la selección de un operador que se responsabilice de la gestión (Reino Unido, Estados Unidos, Italia o Chile) y la otra la cesión de la licencia y de los derechos económicos futuros, que ha sido experimentada en algunos Estados norteamericanos, pero que genera muchos recelos, porque la recaudación la realiza el operador, que paga una cantidad al Estado por la explotación, y los plazos son excesivamente amplios (hasta 80 años).
Sin llegar a la privatización de LAE, el Gobierno se podría haber planteado la privatización de Sistemas Técnicos de Lotería (STL), una empresa de informática propiedad de LAE, pero que hasta hace cinco años ha compartido con otros socios privados.
Así se obtendría un ingreso por la venta de las acciones, pero sería preciso ampliar el contrato para convertirla en una operadora integra, puesto que en su situación actual no permitiría barajar precios elevados. Sin embargo, el estudio considera que mantener dos empresas públicas para lo mismo no parece necesario ni económico.
Para cumplir con Bruselas, también, bastaría que LAE hubiese creado una nueva sociedad, en la que se integrase su empresa de tecnología STL, lo que produciría escasas tensiones laborales y facilitaría la gestión. Se eliminaría, por ejemplo, la intervención pública, los controles sobre la plantilla y el régimen del personal, se simplificaría la contratación, pero se mantendría la prevalencia de lo político sobre lo económico.
Además, sería necesaria una encomienda de gestión del Gobierno para convertirse en operador, lo que sólo sería aceptado por la UE como un paso intermedio en el proceso de separación de funciones.
En lugar de constituir una sociedad pública, el Gobierno podría también haber optado por la negociación directa con los distintos grupos de interés para modelar un grupo que constituyera el embrión de un operador nacional con vocación internacional, pero se ha descartado por su falta de transparencia y la dificultad para renovar al operador, ya que el acceso en bolsa requiere mayores periodos de contratación y la alternativa de retirar la licencia es demasiado dura como para adoptarla sin traumas.
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