En el contexto económico actual cobran especial relevancia las políticas fiscales adoptadas por un gran número de países tendentes a reducir el déficit público y a reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Ello está teniendo una incidencia muy significativa en los grupos multinacionales en la medida en que afecta a planificaciones fiscales efectuadas bajo parámetros y condiciones diferentes a los actuales y porque les puede obligar a reaccionar ante situaciones novedosas tales como las que pueden derivarse de las inspecciones fiscales conjuntas, el alto grado de cooperación entre las administraciones tributarias, y la revisión de las operaciones vinculadas o de las operaciones de reorganización en las que no se aprecia un contenido económico y de negocio relevantes. Situaciones para las cuales puede darse el caso de que aún no se hayan establecido pautas de actuación adecuadas por parte de las empresas.
De todo ello se ha tratado en las diferentes ponencias presentadas en el "IX Foro Deloitte de Fiscalidad Internacional" celebrado recientemente en Madrid y que ha contado con la presencia de 200 fiscalistas de los mayores grupos multinacionales con presencia en España.
Si hubiese que destacar dos ideas de entre todas las que se pusieron de manifiesto en las diferentes presentaciones, habría que referirse al concepto de cooperación entre las administraciones tributarias de diversas jurisdicciones fiscales, que ya está siendo ampliamente desarrollado desde hace algunos años en el ámbito de la OCDE y de la UE, y al nuevo marco de relaciones que las administraciones tributarias desean mantener con los grupos multinacionales.
Cooperación entre administraciones
Cabe imaginar cuál sería la respuesta que darían la mayor parte de los grupos si se les efectuase la pregunta de si se consideran preparados para hacer frente a una inspección por parte de un equipo de inspectores de diferentes países que compartan la misma información y que puedan tener una visión global de las implicaciones fiscales que en cada país tienen las transacciones efectuadas.
Esta situación que hoy puede percibirse como algo lejano está cada vez más cerca y se incardina dentro una tendencia imperante entre las administraciones tributarias de los principales países encaminada a dotarse de mecanismos eficientes que permitan ejercer una supervisión fiscal tan global como lo son hoy en día los grupos multinacionales.
Una supervisión que no se agota en el ámbito del intercambio de información entre las autoridades fiscales, ni en la petición de información a las entidades financieras, sino que va más mucho allá.
Así, a modo de ejemplo se debe destacar cómo USA, Canadá, Australia y Reino Unido están cooperando ya muy activamente con el objetivo de poder hacer realidad la posibilidad de efectuar inspecciones fiscales conjuntas a grupos que operen en dichas jurisdicciones. Lo cual podría afectar muy pronto a empresas españoles que operasen con filiales en dichos países.
Relación con los contribuyentes
Otra idea que se ha puesto de manifiesto es la de que las administraciones tributarias están modificando el modo en el cual han venido relacionándose desde hace muchos años con los grandes contribuyentes. Así, se está produciendo un movimiento general por parte de las diferentes administraciones que buscan nuevas vías de colaboración con los contribuyentes dentro de un marco de mutuo respeto y de mayor transparencia.
Todo ello está encaminado a lograr un mayor grado de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, a limitar el grado de incertidumbre respecto al tratamiento que las autoridades fiscales puedan dar a determinadas operaciones y a hacer que en los consejos de administración de los grandes grupos se tenga suficiente sensibilidad hacia los asuntos fiscales y se interiorice que los administradores son responsables últimos de la estrategia fiscal del grupo y, por tanto, éstos deberán responder en su caso de las consecuencias que se deriven de la misma en el caso de que pudiese probarse un ánimo defraudatorio.
Posición de la administración española
La posición de la administración tributaria española está en línea con todo lo mencionado anteriormente en el sentido de fomentar y promover la colaboración con las empresas. Muestra de ello es el recientemente constituido Foro de las Grandes Empresas, que busca la transparencia entre Hacienda y los grandes contribuyentes.
Un dato relevante que se puso de manifiesto en la jornada es el de que durante este año 2010 se han solicitado ya más acuerdos previos de valoración (APAs) en operaciones vinculadas que en 2009 y 2008, tal y como señaló el Director de la Agencia Tributaria. Quien destacó que estos acuerdos "eliminan riesgos y favorecen la realización de inversiones".
Del mismo modo enfatizó que los precios de transferencia constituyen un área prioritaria de investigación y, en particular, todo lo relacionado con reestructuraciones empresariales, con intangibles y con el aprovechamiento que pueda hacerse de las pérdidas generadas en las empresas derivadas de la actual coyuntura económica.
Cómo reaccionar ante el nuevo marco
La reacción dependerá del grado de sensibilidad que cada grupo tenga respecto al modo en el cual deben ser manejados sus asuntos fiscales. No obstante, una medida prioritaria debería ser la de que los consejos de administración sitúen en un lugar preferente en su agenda el diseño del plan de acción específico que les lleve a cerciorarse de que las políticas fiscales del grupo son adecuadas y de que se establecen mecanismos de control interno que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las diferentes jurisdicciones fiscales, así como el conocimiento exacto de los potenciales riesgos que, en su caso, puedan estar asumiéndose.
Por otra parte, en el marco actual de transparencia los administradores deberían adoptar unas "buenas prácticas tributarias" que les permita estar en situación de acreditar ante terceros que tienen un control eficaz de todos los asuntos fiscales evitando así que una gestión inadecuada de esta área pueda afectar negativamente a la reputación del grupo.
