La nueva Ley de Sociedades de Capital, la reforma de la Ley Concursal o el Plan estratégico para la modernización de la Justicia o la reciente entrada en vigor del nuevo Código Penal, son algunos de los éxitos -y los fracasos- legislativos que ha cosechado un ya canoso año 2010. Este inminente 2011, también llega cargado de buenas intenciones. Al menos, para su primera mitad.
El pasado mes de noviembre, el Gobierno lanzaba un programa con 26 propuestas "prioritarias" de reformas legales que pretende aprobar antes del verano.
En el paquete de medidas, bautizado como "Programa Legislativo Prioritario", se incluyen cambios en el sistema de pensiones, las políticas activas de empleo, reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre Consejos Territoriales y hasta una Ley de Universalización de la cobertura sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
Un calendario que, sin embargo, no excluye que el Gobierno pueda aprobar a lo largo de este periodo otras leyes. Si a ello se suma las materias "dejadas en el tintero", el Ejecutivo abre paso a un periodo cargado de trabajo.
Reformas en la Justicia
La modernización de la Justicia sigue siendo prioritaria para el curso que viene. Si 2010 fue el año de los primeros ensayos de la Nueva Oficina Judicial, 2011 será el de su implantación definitiva en ocho nuevas ciudades: Ciudad Real, Cáceres, León, Cuenca, Ceuta, Melilla, Mérida y Palma de Mallorca.
Sin embargo, ésta no será la única novedad. El primer objetivo pasa por reformar la planta judicial y, sobre todo, incrementar el número de juzgados que se encuentran máscolapsados por tratar temas relativos a la crisis, como, por ejemplo, los juzgados de lo mercantil. De hecho, según el Ministerio de Justicia, la Planta Judicial crecerá, antes de acabar esta legislatura, un 19 por ciento.
Más polémica causará la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para instaurar los Consejos Territoriales, que el Gobierno defiende como órganos de coordinación con las Comunidades Autónomas y que, sin embargo, desde el Consejo General del Poder Judical ven como auténticos órganos de gobierno que pondría en riesgo la centralización del Poder Judicial.
Por su parte, la Comisión de expertos creada por el Ministerio para estudiar la modernización de la Justicia puso sobre la mesa otra propuesta: la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal, como órgano dotado de una mayor movilidad territorial y capacidad de especialización. Además, también sugiere la potenciación de las salas de lo civil y lo penal de los Tribunales Superiores de Justicia, reservándose el Supremo a tareas de estricta unificación de doctrina.
Por último, en este ámbito se espera la Ley de Jurisdicción social, con la que se pretende simplificar los trámites judiciales que versen sobre relaciones laborales, de forma que la mayoría de los conflictos entre empresas y trabajadores se resuelvan siempre en los Juzgados de lo social, a través de un único procedimiento.
Legislación social
La reforma de las pensiones será el tema estrella en materia social en este año. Sin embargo, este reforma depende del acuerdo que se alcance en la Comisión sobre el Pacto de Toledo. Por esta razón no hay fecha fija, aunque, según el Gobierno, deberá ser antes de finalizar el mes de marzo. Sin embargo, hay dos medidas que retrasan el acuerdo: la jubilación a los 67 años y calcular la pensión sobre 20 años.
Más consenso parece existir sobre la Ley de Universalización de la cobertura sanitaria del Sistema Nacional de Salud, previsto para abril, y que permitirá que las 200.000 personas que actualmente permanecen fuera de la salud pública pueda acceder a él.
En tercer lugar, y unida a la reforma laboral realizada en 2010, otra de las leyes previstas será la aprobación de la Ley de Negociacion Colectiva, con la que se pretende reforzar "su papel como procedimiento de fijación de las condiciones de trabajo, su capacidad de adaptación a las necesidades de los trabajadores, empresas y sectores productivos y su conexión con la productividad", según el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010, 2011 y 2012.
Además, la disposición final primera de la Ley 1/2009, de 25 de marzo, que modifica la Ley del Registro Civil, demanda la creación de un Proyecto de Ley de reforma de la legislación reguladora de los procedimientos de incapacitación judicial, que pasarán a denominarse procedimientos de modificación de la capacidad de obrar y que deberá venir acompañado por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Mediación y arbitraje
Potenciar la solución de conflictos en el ámbito extrajudicial es uno de los objetivos centrales del Ministerio de Justicia para esta legislatura, ya que reduciría la carga de trabajo de los tribunales al permitir a los ciudadanos solucionar sus diferencias sin necesidad de acudir al juez. Por ello, para 2011 hay programados dos grandes proyectos que, a su vez, obligarán a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para adaptar las competencias de los juzgados y tribunales en estas materias.
Por un lado, se modificará la Ley de Arbitraje del año 2003 para incrementar tanto la seguridad jurídica como la eficacia de este procedimiento. Una de las dos novedades principales que incluye la reforma es la atribución a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia el nombramiento de los árbitros judiciales. En segundo lugar, la competencia para el reconocimiento de los laudos arbitrales extranjeros se atribuye a la Sala de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia. Pero, además, la reforma incluirá también un nuevo campo de actuación: el de las controversias de carácter jurídico que se susciten entre organismos de la Administración General del Estado.
Pero es sin duda la Ley de Mediación el proyecto clave en este ámbito, con la que se adaptará el Derecho español a la Directiva comunitaria de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles.
Prevista su aprobación para el primer trimestre de 2011, la Ley contendrá un estatuto mínimo de la persona mediadora e incluirá también la obligación de pasar por la mediación antes de acudir a los tribunales en asuntos civiles y mercantiles de hasta 6000 euros. Lo que supone, según previsiones del Ministerio de Justicia, una media de 180.000 juicios al año menos que pueden ser sustituidos por la mediación.
Colegios profesionales
Entre las normas prioritarias, el Gobierno anunció que en febrero saldrá del Consejo de Ministros un proyecto de la Ley de Servicios Profesionales, "con el objetivo de generar más competencia en este sector y mejorar la competitividad de la economía española, al potenciar la movilidad de los profesionales y la capacidad de competir de las empresas españolas proveedores de servicios profesionales".
La nueva regulación deberá dar respuesta a muchas dudas que aún están en el aire y que supondrán una reforma profunda de los colegios profesionales. El mantenimiento de la vinculación entre el título y el ejercicio profesional, la colegiación obligatoria de algunas profesiones, o en qué casos en los que hasta ahora es obligatorio el visado puede dejar de serlo, son algunas de estas cuestiones.
Esta normativa, cuyo borrador había prometido el presidente del Gobierno para el primer trimestre de este año para ser aprobada en diciembre -según el plazo establecido por la Ley Ómnibus-, afectará profundamente al sector de la Abogacía, que tiene también paralizados el Reglamento de la Ley de Acceso a la profesión, el Estatuto, o la Ley de Justicia Gratuita -prevista inicialmente para el pasado junio-, por mencionar algunas de las que más les afectan.
Todo en un contexto especialmente convulso para estos profesionales, desde que el pasado 10 de diciembre, el Consejo General de la Abogacía española anunciara repentinamente elecciones a su presidencia. La fecha, el 14 de enero de 2011.
Regulación del juego
Las casas de apuestas online y el sector del juego español en general, recibieron con asombro el borrador del Anteproyecto de Ley del Juego elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, fechado en el mes de noviembre. Y es que, el texto transpone el modelo adoptado por Francia, puesto que incluye un tipo del 35 por ciento sobre los ingresos brutos del juego online (sin descontar los premios), cerca de diez veces más que los vigentes en Reino Unido e Italia.
El anteproyecto establece, así, un nuevo impuesto sobre cada transacción para las apuestas deportivas por Internet, que actualmente no tributan en España, lo que no va a permitir a la industria ofrecer productos competitivos a los usuarios, lo que posiblemente llevará a muchos usuarios a buscar mejores productos ofrecidos por operadores no regulados. Por ello, muchos integrantes del sector han dado la voz de alarma advirtiendo de que este borrador pone en riesgo los más de 100 millones de euros que cada año invierten en España en publicidad y patrocinio.
La futura Ley, cuyo proyecto deberá presentarse durante el primer trimestre de este año 2011 según la previsión del Ejecutivo, deberá poner fin a este caos existente en el sector del juego virtual.
Hacia la e-administración
También el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que tiene como objetivo combatir la tan criticada lentitud de la Justicia. En concreto, el pasado 17 de diciembre, vio la luz un texto para regular el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia que establece las condiciones necesarias para poder tramitar en formato electrónico todos los procedimientos judiciales.
La normativa, persigue regular aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Un texto que persigue, en palabras del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pasar del "legajo al expediente digital, de las comunicaciones por correo certificado al correo electrónico y de los grandes archivos documentales a las bases de datos"
El Gobierno tiene grandes esperanzas puestas en esta normativa que considera que agilizará los procedimientos y eliminará muchas de las cargas que para la ciudadanía tiene el acceso a la Justicia.
Otras previsiones
La Ley por la que se regulan los parámatros mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente de las empresas que prestan servicios económicos de interés general, la Ley de gobierno local o la Ley de eficiencia energética y energías renovables, son otras de las normas previstas para 2011 por el Ejecutivo español.
Todo un amasijo de propuestas que, sin embargo, un año más vuelven a dejar en el tintero viejas demandas. Ni la aprobación de una ley que regule el derecho a la huelga, o de una normativa que reforme el Senado están entre las inquietudes más acuciantes del Gobierno. Sea como fuere, lo que promete el próximo año es un periodo de esfuerzos y papeleo, eso sí, exentos de humos.
Calendario legislativo Enero-Junio 2011
El Gobierno estableció en noviembre un calendario legislativo prioritario que detalla las iniciativas para los próximos meses, a lo que hay que sumar algunas pendientes de 2010, como la Ley de Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia
Primer trimestre. Ley de reforma de la Seguridad Social en materia de pensiones.
Enero. Ley de reforma de las Políticas Activas de Empleo. Ley de modificación de determinados artículos del Código Civil en materia de patria potestad, tutela y sucesiones en relación con la violencia de género y la violencia doméstica. Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Ley de regulación del juego. Ley de residuos y suelos contaminados.
Febrero. Ley de servicios profesionales. Ley reguladora de la Jurisdicción social. Ley de clidad y sostenibilidad del medio urbano.
Marzo. Ley de Negociación Colectiva. Ley del gobierno local. Ley sobre cuidados paliativos y muerte digna. Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio, y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de procedimientos de incapacitación. Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
Abril. Ley de eficiencia energética y energías renovables. Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre Consejos Territoriales. Ley de Universalización de la cobertura sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
Mayo. Ley por la que se regulan los parámetros mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente de las empresas que prestan servicios económicos de interés general. Ley del Museo Centro de Arte Reina Sofía.
Junio. Ley de mecenazgo. Ley sobre utilización de las lenguas cooficiales ante los órganos del Estado. Ley reguladora del fondo de capitalización para los trabajadores.
