Los titulares de las páginas web que difunden contenidos multimedia y gran parte de los internautas respiran tranquilos desde que la Disposición Segunda de la Ley de Economía Sostenible, conocida como Ley Sinde, fuera rechazada por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados el pasado martes.
La normativa que, si bien pretendía velar por los derechos de propiedad intelectual, se popularizó porque permitía el cierre de aquellas web que facilitasen el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor a través de la Red.
Sin embargo, el nuevo Código Penal, que entra en vigor hoy, deja una puerta abierta para aquellos que defienden con más fuerza la propiedad intelectual y que lamentaron el fracaso de la mencionada Ley. Y es que, el nuevo texto permite por primera vez que las empresas incurran en responsabilidad penal por los delitos cometidos en su seno, a través del recién estrenado artículo 31 bis, de forma que podrá perseguirse a las empresas que tengan instalados en sus sistemas informáticos programas de ordenador sin licencia por delitos contra la propiedad intelectual.
Nuevo tipo penal
Una nueva vía que apunta la Business Software Alliance (BSA), asociación creada para defender los objetivos del sector del software, y que está autorizada para perseguir las infracciones de las leyes de copyright del usuario final en las empresas. Así, señala que las actividades de uso y reproducción de software sin licencia en el ámbito de las empresas encuadra plenamente en el nuevo tipo penal, que exige como condiciones para que tenga lugar su responsabilidad directa que "se cometan en el ejercicio de sus actividades sociales, por cuenta y provecho de las mismas".
Algo que ocurrirá, entre otros casos, cuando no se pague el importe de las licencias, lo que implicaría un lucro derivado de la actividad ilícita, o cuando el uso de estos software se derivara de una falta de control interno de la entidad.
Además, las sociedades, alerta la BSA, podrán responder con su patrimonio por las multas que les sean impuestas. E incluso verse privadas de obtener subvenciones públicas, contratos con la Administración, o incentivos fiscales. En los peores casos, la reforma prevé, además, la disolución de la sociedad o la suspensión temporal de sus actividades. Por ello, desde BSA instan a las empresas a implantar modelos efectivos de prevención.
El Congreso tumba la 'Ley Sinde'