La Fiscalía General del Estado aplicará la Ley Penal de Navegación Aérea a la hora de valorar la posible responsabilidad penal de los controladores aéreos, tras el abandono de sus puestos el pasado viernes que provocó el cierre del espacio aéreo español, si bien se tendrá en cuenta el grado de colaboración en la dirección del hecho a la hora de graduar la pena.
Dicha Ley, en su artículo 20, establece diferencias de responsabilidad entre los dirigentes y controladores que siguen instrucciones, por lo que la Fiscalía tendrá como prioridad la identificación de los responsables del colapso que provocó la declaración del estado de alarma en el país, "porque la responsabilidad penal se agrava en aquellos que lo han organizado con respecto a los que han hecho seguidismo", según informaron fuentes de la propia Fiscalía en declaraciones posteriores a la reunión de la Junta de Fiscales de las Comunidades Autónomas, presidida por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quienes también aclararon que "no se dejará fuera a nadie".
Los controladores implicados se enfrentan a un presunto delito de sedición, castigado con penas de entre tres y ocho años de prisión, entre otros casos, cuando "los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el Comandante o Jefe respectivo", aunque se ha incidido en que "las responsabilidades hay que verlas caso por caso, con agravantes y atenuantes".
Además, en esta reunión cada uno de los fiscales ha explicado el grado de afección de cada Comunidad y el número de controladores que estiman que han participado en cada zona, de manera que cada Audiencia Provincial en la que exista un aeropuerto en el que se haya cometido un presunto hecho delictivo abrirá un procedimiento, que llevará el Juzgado de Instrucción.
Derecho a no declarar
Por su parte, el fiscal jefe del Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha asegurado este jueves que los doce controladores citados en calidad de denunciados por un delito de sedición se han acogido a su derecho a no declarar, puesto que entienden que la competencia corresponde a la jurisdicción militar con motivo del estado de alarma decretado el pasado sábado y la militarización del espacio aéreo ordenada por el Gobierno.
En una multitudinaria rueda de prensa, en la que estaban presentes más de medio centenar de periodistas, Esteban ha insistido en que si siguen la misma línea de no prestar declaración se dejará de citar a los próximos controladores para "evitar dilaciones" y se pedirá que se traslade la denuncia a un juzgado ordinario.
Respecto a su negativa a declarar, el fiscal se ha mostrado contrario a que el caso se investigue por la jurisdicción militar al estimar que los hechos se produjeron antes de que el Gobierno decretara la militarización del aeropuerto por el caos aéreo. Además, ha rechazado también que la competencia corresponda a la Audiencia Nacional, al no prever el delito de sedición, recogido en el artículo 91 del Código Civil Militar.
Lo que debe aclarar Zapatero sobre la huelga de controladores
